En Italia, la ley de la gravedad política a veces funciona del revés. El último caso es significativo. Tras años vendiendo el relato de la mano dura y la política de "quien la hace, la paga" como seña de identidad política, el Gobierno de Giorgia Meloni ha dado en los últimos meses un paso en dirección contraria. Ha promovido un proyecto de legislación para desahogar las cárceles del país, que este miércoles ha sido finalmente aprobado definitivamente por el Parlamento transalpino y se ha convertido en ley. 

En concreto, la medida en cuestión prevé que las personas condenadas por delitos leves puedan cumplir su pena en sus casas o, si sufren adicciones, en centros de rehabilitación. La razón: la realidad de unas prisiones superpobladas, insalubres y al borde del colapso social (con incendios y suicidios entre los propios agentes), como ha condenado reiteradamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Como resume Alessio Scandurra, coordinador del observatorio penitenciario de la asociación Antigone: "La realidad es que el discurso de la seguridad le ha funcionado de maravilla [a Meloni y su coalición] con sus votantes, pero el Gobierno se ha chocado con la realidad: una época difícil, muchos problemas y muy poco dinero". La paradoja del discurso punitivo ha terminado golpeando así donde más duele a la derecha italiana, tradicionalmente cercana a ambientes policiales.

Un ejemplo es la situación de los propios agentes, cuyos representantes sindicales en los últimos años no han parado de quejarse por unos recursos que consideran insuficientes y la escasez de personal. "El día a día en las cárceles es un infierno para los propios funcionarios y policías, que también son parte de la base electoral [de Meloni]", precisa Scandurra. Lo que en algunos casos ha desembocado en situaciones particularmente graves. En 2024, por ejemplo, al menos siete de ellos se suicidaron, lo que ha disparado la alarma sobre esta situación. Por eso, la medida, sugiere el experto en entrevista con EL PERIÓDICO, también puede interpretarse como una especie de compensación a ese sector desgastado por la tensión interna.

La ley, que tiene un precedente ya que se suma a una anterior legislación que ya preveía penas alternativas para ciertos presos, ha sido aprobada este miércoles en vía definitiva en el Congreso italiano. Sin embargo, las dudas de las organizaciones no gubernamentales sobre la eficacia real de las nuevas reglas son de calado. "Ojalá esta nueva legislación sirva de algo", dice Scandurra, al cuestionar sobre todo que se vayan a asignar los recursos necesarios para que la norma tenga un impacto tangible.

De momento, de hecho, las ONG y el Gobierno chocan en el alcance de las cifras. Según el ministro de Justicia, Carlo Nordio, el nuevo paquete legal podría beneficiar a unos 10.000 reclusos, pero según los cálculos de los observadores los beneficiarios apenas serían apenas unos 600. "El coste medio de una persona en una comunidad terapéutica es de unos 100 euros al día y, dado que la asignación financiera [de la nueva ley] es de poco menos de 20 millones de euros, los beneficiarios podrían ser menos de 600", ha detallado Antigone en una nota escrita.

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