Camila, la mujer asesinada a puñaladas presuntamente por su pareja, Y. G. M., el pasado martes, 28 de julio, en el distrito barcelonés de Sant Martí, explicó a sus amigas que sufría "episodios de violencia" desde hacía diez años, que las agresiones eran continuas y que nunca había denunciado «por miedo» a que el acusado la matara o hiciera daño a sus hijos, de ocho y cuatro años. También les contó que había estado en una casa de acogida para mujeres maltratadas. La jueza de guardia de violencia sobre la mujer ha acordado este viernes, a petición de la fiscalía, el ingreso en prisión del presunto autor del crimen.

Para la jueza, «son evidentes los indicios» de la comisión por parte de Y. G. M., de origen dominicano, de un delito de homicidio, aunque no descarta que, en el futuro, los hechos puedan calificarse como asesinato. En su auto, subraya que, el 28 de julio, sobre las 19.50 horas, el acusado se encontraba en el piso en el que residía la víctima con sus dos hijos, situado en el número 102 de la calle Andrade.

«Con absoluto desprecio hacia la vida de quien había sido su pareja sentimental», precisa la magistrada, el acusado propinó a la mujer al menos once puñaladas con una daga de unos veinte centímetros. Las heridas se distribuyeron por distintas partes del cuerpo: brazos, tórax y la cabeza, y afectaron al pulmón y al corazón, lo que le causó la muerte. El acusado cometió el crimen delante de sus dos hijos menores de edad.

En el domicilio se encontraban en ese momento dos amigos de la víctima, que pudieron observar cómo Y. G. M. estaba sobre la mujer y la apuñalaba. El hombre huyó del piso ensangrentado y, sobre la 1.25 de la madrugada, se presentó en una comisaría de los Mossos d’Esquadra, donde confesó los hechos. En la vivienda se encontró el arma blanca con restos de sangre. Las cámaras de seguridad grabaron al acusado mientras se quitaba el polo que llevaba puesto para evitar llamar la atención por las manchas de sangre.

La jueza sostiene que este caso «conlleva» una pena elevada y, por lo tanto, «entraña un elevado riesgo» de fuga. Por ese motivo, ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Y. G. M. Además, ha prohibido al acusado comunicarse «por cualquier medio» con sus hijos y con los padres de la víctima.

Estge caso ha activado todas las alertas y ha destapado los fallos y los puntos negros del sistema de protección. Ni el entorno de la víctima denunció los hechos de los que tenía conocimiento ni los sistemas policial y judicial supieron detectar la violencia machista que sufría cuando el agresor la denunció por haber agredido presuntamente tanto a él como a los niños. Lo único que se investigó es la denuncia presentada por Y. G. M. contra la víctima. La fiscalía llegó a solicitar una orden de alejamiento de la mujer respecto de sus hijos, que finalmente fue desestimada por el juez. Quince días después, su pareja la asesinó.

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