El Pleno municipal de L'Hospitalet de Llobregat ha aprobado provisionalmente la creación de un recargo municipal sobre la tasa que pagan los turistas que se alojan en establecimientos de la ciudad. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, el ayuntamiento de la segunda ciudad de Catalunya busca equiparar su tasa turística a la de Barcelona y aplicar la máxima presión fiscal que permite la nueva regulación catalana. Según un comunicado del consistorio hospitalense, los ingresos derivados del nuevo recargo servirán para "compensar los costes que genera la actividad turística y reforzar políticas públicas municipales, especialmente las relacionadas con la vivienda".

“La norma añade alguna de nuestras peticiones, como la de que podamos incorporar una tasa específica como ayuntamiento en función de la tipología de establecimientos. No se iguala con Barcelona, pero sí que reduce esa sensación de agravio que teníamos”, explicó a este diario el concejal de Economía y Proximidad de L’Hospitalet, José Antonio Alcaide.

Entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, el recargo será de 4 euros por estancia en los hoteles de cinco estrellas; de 1,80 euros a los de cuatro estrellas; de 1,75 euros en las viviendas de uso turístico; de 0,80 euros en los albergues de juventud; y de 0,90 euros en el resto de establecimientos. A partir de 1 de abril de 2027, los importes serán de 4 euros, 2,40 euros, 2,50 euros, 1 euro y 1,20 euros, respectivamente.

El recargo se calculará por persona y día o fracción de estancia, con un máximo de siete días, y lo recaudará la Agencia Tributaria de Catalunya junto con la tasa turística de la Generalitat. Quedarán exentas, entre otras, las personas de hasta 16 años, las estancias motivadas por razones de salud y las financiadas por programas sociales públicos. La normativa catalana permite a los municipios aplicar este recargo mediante ordenanza fiscal propia. El acuerdo ha contado con el apoyo del PSC, ERC-EUiA y Comuns y el voto en contra del PP y VOX.

También ha aprobado provisionalmente —a la espera de la aprobación definitiva a cargo del Departament de Territori— el Pleno hospitalense el veto a los pisos turísticos en la líniea de Collboni en Barcleona que ya avanzó este diario. Lo que sale adelante es una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que regula la implantación de las viviendas de uso turístico, apartamentos turísticos, albergues de juventud y alojamientos destinados a estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa. La medida quiere evitar una concentración excesiva de estos establecimientos y preservar el suelo destinado a vivienda habitual y permanente. El acuerdo ha tenido el voto a favor de PSC, ERC-EUiA y LHECP-C y el voto en contra de PP y VOX.

La modificación adapta el planeamiento municipal al Decreto ley 3/2023 de la Generalitat, que somete a las viviendas de uso turístico a una licencia urbanística previa en los municipios afectados. Las viviendas que ya ejercían esta actividad podrán continuar hasta un máximo de 5 años a contar desde la entrada en vigor de la norma, momento en el que la actividad quedará extinguida, pudiendo prorrogar cinco años más en caso de que se acredite que el régimen transitorio de esta disposición no compensa la pérdida del título habilitante.

La propuesta se aprobó inicialmente el 28 de octubre de 2025. Durante el periodo de información pública se presentaron varias alegaciones, algunas de las cuales se han estimado parcialmente y han permitido incorporar ajustes en el documento. La regulación divide a la ciudad en diferentes sectores según la densidad de cada zona.

La medida se toma en un contexto de crisis de acceso a la vivienda que cada vez ahoga a más residentes de la metrópolis barcelonesa y en el que cada vez más entidades piden limitar la proliferación de los negocios turísticos en detrimento del uso residencial. De este modo, el Pleno hospitalense aprueba la medida con el objetivo de que contribuya a “garantizar la suficiente disponibilidad de suelo para el uso residencial habitual de la población”.

La modificación aprobada señala que estos negocios quedarán vetados en todo el término municipal. Eso sí, el decreto catalán establece un régimen transitorio de cinco años para las viviendas de uso turístico. Es decir, que el veto entrará en funcionamiento en 2028. A partir de ese momento no podrán existir. Respecto a los apartamentos turísticos, quedarán en situación de disconformidad, lo que implica que podrán continuar con la actividad hasta que esta finalice, pero luego no podrán volver a ejercerla.