Al recorte del trasvase Tajo-Segura y la ausencia de alternativas hídricas a esta decisión, como la ampliación del suministro de desaladoras o aguas regeneradas, los regantes deberán sumar desde octubre de 2027 la aplicación formal de la directiva marco del agua de la Unión Europea que impide el uso de acuíferos subterráneos si no se logra su equilibrio y recuperación de su buen estado ambiental, tanto por la calidad del agua como por el volumen disponible.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Asaja Alicante y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó coinciden en que el Gobierno debería obtener una moratoria en la aplicación de esta medida que busca mejorar el estado ambiental de las masas de agua. Esa decisión, en el caso de Alicante, afecta sobre todo a empresas agrícolas del Vinalopó, y en la cuenca del Segura, a amplias zonas de la Región de Murcia, en especial la zona del Altiplano que carece de recursos del trasvase y desalación.

Los regantes del Vinalopó especifican que, en su caso, deben comenzar a planificar un plan de explotación con recortes incluso antes, ya en octubre de este mismo año, porque su situación es distinta al recibir aportaciones del Júcar precisamente para poner en marcha esas reducciones. Pero piden una moratoria para adaptarse durante todo el próximo año hidrológico.

Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó / HECTOR FUENTES

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Ángel Urbina, explicó que para el caso de esta amplia zona del oeste y centro de la provincia de Alicante la organización de regantes y usuarios realiza desde hace tiempo un Plan de Recuperación de los Acuíferos, gracias a la sustitución de sus caudales por los del Júcar. Recordó la firma del convenio a finales de 2023 y el visto bueno a las reglas de explotación en febrero del 2025, que año a año se actualiza y ahora se negocia para el actual año hidrológico. Aseguró que ante la obligación de la Directiva Marco del Agua conseguir el equilibrio en los acuíferos a fecha 1 de octubre de 2027, la Junta Central cuenta con informes oficiales de que las masas de agua del Vinalopó, con la aportación anual de casi 40 hectómetros anuales del Júcar, ha cambiado su tendencia "en cuanto a la curva de disminución de los niveles piezométricos del agua y se nota se están recuperando". Añadió, además, que ahora han de fijar las Reglas de Explotación del Júcar-Vinalopó desde el 1 de octubre de este 2026 hasta 30 de septiembre de 2027, de ahí que pidan una prórroga: "Hagamos lo que hagamos durante el año, no podremos recuperar todas las masas al 1 de octubre 2027", explicó Urbina.

Embalse de La Cuesta en Villena, que regula las aportaciones del trasvase Júcar Vinalopó / AXEL ALVAREZ

En el caso del Vinalopó las masas de agua subterráneas han comenzado a recuperarse, al sustituir más de 30 hectómetros de agua de pozos por 30 procedente del trasvase Júcar, pero los agricultores señalan que todavía no llegan a tiempo de prescindir de todos los aforos antes de octubre de 2027 y piden una moratoria

En este sentido, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, advierte de que la restricción o cierre de extracciones en masas de agua subterránea en mal estado, prevista para el 31 de diciembre de 2027, sigue sin tener alternativa hídrica suficiente para los agricultores afectados. El dirigente subraya que los regantes no piden compensaciones económicas por no poder cultivar ante la falta de agua, sino recursos que les permitan seguir produciendo. El problema, según el presidente del Scrats, es que las exigencias de la Directiva Marco del Agua sobre calidad y cantidad de las masas subterráneas no se van a resolver en un año. Recuerda que este debate viene de lejos y que ya aparecía en los planes hidrológicos desde finales de los años noventa. Jiménez sostiene que el cierre o reducción de extracciones no puede plantearse sin una alternativa real. A su juicio, el Estado no ha adoptado durante todos estos años las medidas necesarias para corregir la situación, ya fuera aportando nuevos recursos, sustituyendo caudales o mejorando la disponibilidad de agua.

El dirigente distingue entre acuíferos en mal estado por problemas de calidad y otros afectados por falta de volumen. En ambos casos, la consecuencia puede ser la misma para el regadío: una reducción de recursos autorizados sin que los agricultores tengan garantizada otra fuente de suministro. La situación más delicada la sitúa en las zonas donde no llegan recursos procedentes de la desalación ni del trasvase. En ese contexto, señala el caso del Altiplano como uno de los escenarios más complicados, porque no cuenta con una solución clara de sustitución.

Lucas Jiménez, presidente del Scrats / MATIAS SEGARRA

Jiménez también cuestiona que la ampliación prevista de las desaladoras pueda resolver el problema en plazo. Afirma que esa opción tiene un alcance limitado y que no estará disponible a tiempo para cubrir las necesidades de los regantes afectados. El presidente del Scrats resume la preocupación de los propietarios de pozos en una pregunta: si se les obliga a reducir las extracciones, con qué recurso se les compensa. Para él, la respuesta no puede ser solo económica. Los regantes, insiste, no quieren dejar de cultivar ni depender de subvenciones. Reclaman seguir trabajando y contar con medios para mantener la actividad agraria. La compensación económica, señala, sería la última opción, no la solución que busca el sector.

Más allá de la posibilidad de la moratoria o de que la medida de cierre sea finalmente menos restrictiva, Lucas recuerda que la Confederación Hidrográfica del Segura es el organismo que -antes de aplicar la decisión, tal y como dispone la legislación-, debe aprobar planes de actuación técnicos para cada masa de agua. Esos documentos, explica, deben estudiarse, valorarse y discutirse con los usuarios, porque no basta con una orden administrativa que reduzca de un día para otro los recursos disponibles. El SCRATS está planteando alegaciones en ese sentido. Jiménez, que representa a más de 60 comunidades de regantes y 80.000 agricultores de Alicante, Murcia y Almería, asegura que no hay suficientes datos, aforos ni muestreos para conocer con exactitud la situación real de cada masa de agua subterránea. También insiste en que el argumento de fondo es que, si durante años no se han aportado soluciones, no se puede resolver ahora el problema cerrando pozos y reduciendo actividad económica.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ya avanzaba el martes que la organización agraria ha solicitado el respaldo del Consell para reclamar una prórroga a las nuevas limitaciones de uso de aguas subterráneas. Asaja mantiene que estas limitaciones ya tendrán incidencia en la programación de riegos a partir del 1 de octubre y exige a la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el caso de los valles del Vinalopó, que ejecute previamente las obras y medidas previstas en el Plan Hidrológico antes de proceder al cierre de los acuíferos con problemas, que afectaría principalmente a los agricultores del Alto Vinalopó. Todo ello, a fin de que no se cierren las tomas de riego a los agricultores en tanto no estén operativas las obras del trasvase Júcar-Vinalopó para la sustitución de caudales.

José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante / PILAR CORTES

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