La Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (CONFAVC) ha celebrado la aprobación de la Ley para la Erradicación del Amianto en Catalunya, una norma que considera un paso imprescindible para eliminar este material cancerígeno de los municipios catalanes. La entidad subraya que Catalunya se convierte así en la primera comunidad autónoma del Estado en aprobar una ley específica contra el amianto, aunque advierte de que el texto nace con "carencias importantes".

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Barcelona, representantes del movimiento vecinal ha destacado que la ley “no ha caído del cielo”, sino que es el resultado de años de presión, denuncia y movilización de entidades vecinales, sociales y sindicales comprometidas con la defensa de la salud pública.

Durante los últimos años, la CONFAVC ha denunciado situaciones de alto riesgo, ha informado a la ciudadanía sobre la presencia de amianto en edificios, tejados, paredes y algunos suelos, y ha reclamado a las administraciones que asuman su responsabilidad en la protección de la salud colectiva. La entidad recuerda, en este sentido, el papel de la IV Convención Estatal sobre el Amianto, celebrada en Sabadell el pasado noviembre junto a UGT y CCOO, de la que salió una hoja de ruta reivindicativa.

Entre los aspectos positivos de la nueva ley, la CONFAVC destaca que la ciudadanía podrá ampararse en este marco legal cuando un ayuntamiento no actúe ante la presencia de amianto en espacios sensibles, como el tejado de una escuela o el patio de un bloque de viviendas. También valora que se reconozca explícitamente la participación del movimiento vecinal en mesas y foros relacionados con la gestión del amianto.

Otro de los avances señalados por la confederación es la previsión de financiación. Según la entidad, la disposición adicional decimonovena de la ley obliga a la Generalitat a garantizar la suficiencia financiera de los municipios mediante dotaciones plurianuales, fórmulas asociativas y recursos del Fondo para la Erradicación. No obstante, la CONFAVC advierte de que será necesario concretar estos mecanismos para que no se queden en una declaración de intenciones.

La entidad, sin embargo, pone el acento en varias deficiencias relevantes. La primera es que la ley no hace obligatorias las comisiones municipales sobre el amianto, sino que se limita a establecer que la Comisión Catalana debe fomentarlas. Para la CONFAVC, esto supone una oportunidad perdida para asegurar una gobernanza local sólida.

La segunda carencia tiene que ver con los censos municipales. La confederación critica que el Censo Catalán pueda sustituir a los censos locales cuando estos no se elaboren y que la norma no establezca plazos ni sanciones claras. A su juicio, esta debilidad puede dificultar la aplicación real de la ley sobre el terreno.

La tercera crítica se centra en el rechazo a incluir el amianto en las Inspecciones Técnicas de Edificios, las ITE. La CONFAVC considera que esta herramienta habría permitido una detección masiva, económica y sistemática del riesgo, acelerando la identificación de materiales con amianto en el parque de viviendas.

La confederación también reclama una definición clara del papel que deberá asumir la Agència de Residus de Catalunya en el despliegue reglamentario de la ley. Este organismo tendrá que gestionar subvenciones, vertederos autorizados, empresas acreditadas y mecanismos de participación ciudadana. Para la entidad, la eficacia de la norma dependerá en buena medida de que se concreten los recursos y capacidades de esta agencia.

“Una ley sin mecanismos de control y sin obligaciones claras corre el riesgo de quedarse en papel mojado”, advierte la CONFAVC. Por ello, el movimiento vecinal exige que el despliegue de la norma se haga con rigor, transparencia y recursos suficientes, de manera que ningún municipio quede atrás por falta de medios.

El presidente de la Confederación, Jordi Giró, ha reivindicado el papel del movimiento vecinal en esta nueva etapa. “Somos parte de la solución, no solo actuamos como denunciantes: aportamos experiencia territorial, conocimiento de los barrios y capacidad de movilización”, afirmó. Giró ha insistido en que la hoja de ruta de la entidad seguirá siendo la de “estar al lado de la ciudadanía, de forma vigilante, propositiva y exigente, para garantizar que la erradicación del amianto avance sin retrocesos”.

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