El proyecto de una planta de biometano en Baena ya es más que un debate ambiental y se ha convertido en una crisis política en el seno del PP local. Las posiciones enfrentadas sobre la instalación han provocado la salida de una de sus figuras más destacadas, la exalcaldesa y concejal Cristina Piernagorda, contraria al proyecto y enfrentada con la dirección de su formación por este asunto. Un proyecto cuyas claves se han ido desgranando en los últimos meses entre las protestas de plataformas y ecologistas e iniciativas de los promotores para informar sobre los beneficios de las instalaciones. Unos y otros han expuesto los argumentos de sus posturas a favor y en contra.

Pero el hecho que vuelve a poner el foco informativo en el proyecto de la planta de biometano de Baena, ha sido la decisión de Piernagorda, que el miércoles anunciaba que presentará su renuncia al acta de concejal y abandonará el grupo municipal del PP de Baena tras un prolongado periodo de discrepancias internas. Según explicó durante una comparecencia pública, su decisión llega después de meses analizando el proyecto, consultando a técnicos, colectivos, vecinos y representantes de otros municipios.

La salida de Piernagorda tiene una especial relevancia por su trayectoria política. En las elecciones municipales de 2019, la política del PP,  abogada de profesión, consiguió alcanzar la Alcaldía de Baena gracias a un acuerdo con Ciudadanos. Se convirtió así en la primera representante del Partido Popular que gobernaba el municipio. Posteriormente, fue senadora y volvió a presentarse como candidata a la Alcaldía, aunque sin lograr revalidar el cargo.

La exalcaldesa ha insistido en que abandonar el grupo municipal ha sido una decisión “muy difícil” y ha subrayado que siempre ha sido “fiel y leal” al Partido Popular. No obstante, considera que las diferencias surgidas en torno al proyecto le impedían continuar desarrollando su labor política dentro de la formación.

Tras el anuncio, fuentes del partido indicaron a Diario CÓRDOBA que se estudiaba la publicación de un comunicado para responder a las declaraciones de la exalcaldesa en los próximos días

Mientras, el Ayuntamiento de Baena, gobernado por la alcaldesa socialista María Jesús Serrano, mantiene un rechazo frontal a la instalación de la planta. El Consistorio ha presentado alegaciones dentro del procedimiento de autorización ambiental y se ha sumado así a los colectivos sociales, ecologistas y vecinales que cuestionan la ubicación, las dimensiones y los posibles efectos del complejo.

La oposición municipal se enmarca en una contestación ciudadana que ha crecido durante los últimos meses. Plataformas vecinales han organizado concentraciones en la plaza de la Constitución y han utilizado las redes sociales para difundir información y ayudar a los vecinos a presentar alegaciones.

Los opositores al proyecto expresan su preocupación por los posibles malos olores, el aumento del tráfico pesado, el impacto sobre la calidad de vida y los riesgos ambientales asociados al transporte y tratamiento de grandes cantidades de subproductos agrícolas.

También reclaman mayor transparencia sobre el funcionamiento de la instalación, las materias primas que recibirá y sus posibles efectos sobre el entorno urbano, el paisaje y las actividades económicas de la zona.

Entre los colectivos más activos se encuentra Ecologistas en Acción, que ha presentado más de 20 alegaciones individuales centradas en distintos impactos ambientales. La organización también ha solicitado al Ayuntamiento la convocatoria de una consulta popular para que la ciudadanía pueda pronunciarse directamente sobre la planta.

Por su parte, la asociación cultural Iponubensis ha enfocado sus objeciones en el posible impacto arqueológico de las obras. Su documentación advierte de riesgos para yacimientos y elementos patrimoniales situados en el entorno previsto para la instalación.

Maquinaria en una planta de biometano de VornBioenergy, la empresa que proyecta las instalaciones de Baena. / VornBioenergy

Pese al rechazo político, social e institucional, el consorcio formado por Oleícola El Tejar, Vorn Bioenergy y Greenar, impulsores del proyecto, defiende que la planta de biometano es necesaria para garantizar el futuro de las almazaras de la comarca.

Los promotores presentaron el proyecto ante agricultores, cooperativas y representantes del sector oleícola en un encuentro en el que participaron técnicos de la Universidad de Córdoba, directivos de Vorn Bioenergy y especialistas vinculados a la gestión de los subproductos del olivar.

El presidente de Oleícola El Tejar, Francisco Serrano, advirtió de que el actual sistema de tratamiento del alperujo se acerca a una situación límite. Según explicó, la evolución hacia sistemas de extracción de dos fases ha generado un subproducto con una humedad que puede alcanzar el 75%, lo que dificulta enormemente su secado.

“Si no nos anticipamos, llegaremos al colapso. Las almazaras no podrán admitir la aceituna y se quedará en el campo”, afirmó Serrano, quien considera que la planta no es una simple alternativa empresarial, sino una infraestructura necesaria para evitar problemas en futuras campañas.

El responsable económico y financiero del grupo, Miguel Espinosa, señaló que el sector gestiona una media de 6,4 millones de toneladas de orujo al año y que las instalaciones actuales afrontan dificultades crecientes debido al precio del gas, el endurecimiento de las normas de emisiones y el final de la vida útil de algunas plantas eléctricas.

Como ejemplo, mencionó una planta de Cabra que habría reducido un 40% su capacidad de secado de orujo al no disponer de energía térmica suficiente por el elevado coste del gas.

El director general de Vorn Bioenergy en España, Benedikt Dollinger, calificó de alarmistas algunas de las imágenes y mensajes difundidos en redes sociales. El responsable recordó que en Alemania existen miles de plantas de biogás integradas en municipios y defendió la experiencia de su empresa, que cuenta con más de 40 proyectos desarrollados en Europa.

La futura planta de biometano continúa sometida al procedimiento administrativo correspondiente y se encuentra en la fase de estudio de las alegaciones presentadas durante la tramitación ambiental. La Junta de Andalucía todavía no ha hecho público un recuento final consolidado de todos los escritos registrados durante el periodo de exposición pública. No obstante, los datos difundidos por colectivos y administraciones apuntan a decenas de documentos, e incluso podrían alcanzar varios centenares si se contabilizan las alegaciones individuales.

Entre los escritos figuran los presentados por el Ayuntamiento de Baena, Ecologistas en Acción, Iponubensis, plataformas ciudadanas y vecinos a título particular.

La presentación de alegaciones no implica por sí sola la paralización definitiva del proyecto. Los organismos competentes deberán analizar cada una de ellas, solicitar las aclaraciones que consideren necesarias y determinar si la instalación cumple los requisitos ambientales, urbanísticos y técnicos exigidos por la normativa.

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