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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAFue requerida hace tres meses por un veterano funcionario ya jubilado a través de Puertos del Estado recordando que Francisco Trujillo accedió irregularmente a la condición de empleado público por lo que su ascenso sería ilegalLa Autoridad Portuaria de Las Palmas practica el periodismo de pago sin biombos
La Autoridad Portuaria de Las Palmas no responde ante Puertos del Estado. Y no parece que Puertos del Estado tenga en su poder herramientas para hacer que la Autoridad Portuaria de Las Palmas le haga caso. O que las tenga y no las esté usando. Está pasando con el escándalo descubierto en la Fundación Puertos de Las Palmas, donde una auditoría ha arrojado ilegalidades en contrataciones y en gastos. Y está pasando en el seno mismo del organismo portuario con su director, cuyo nombramiento está en entredicho por haberse producido con un vicio inicial: accedió a la condición de trabajador de la Autoridad Portuaria en 2008 sin reunir los requisitos legales exigidos, y con ese antecedente fue nombrado director posteriormente.
Un funcionario de la Autoridad Portuaria ya jubilado, José Fernández, quien llegó a ser director general de Costas del Gobierno de España, lleva meses planteando esta ilegalidad sin que los organismos públicos responsables le hagan el más mínimo caso. Ingeniero de Caminos, Fernández fue durante muchos años trabajador de la Autoridad Portuaria y conoce todas las debilidades del organismo y, concretamente, las que han rodeado este nombramiento.
De momento solo ha conseguido que la Autoridad Portuaria le haya reconocido que no existe un expediente que avale la contratación de Francisco Trujillo como trabajador público, requisito indispensable para luego acceder a la dirección de Puertos de Las Palmas. Pero su requerimiento para que este nombramiento sea revisado de oficio ha caído en saco roto. No solo lo ha despreciado la Autoridad Portuaria de Las Palmas, dedicada estos últimos tiempos a apagar numerosos incendios de tipo legal y contable, sino también Puertos del Estado, que es incapaz de imponer de oficio a la Autoridad Portuaria que cumpla con la ley.
El último escrito de José Fernández a Puertos del Estado este pasado 2 de julio es especialmente elocuente. Se titula “Falta de respuesta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a la solicitud de revisión de oficio comunicada a Puertos del Estado”. En él recuerda que envió un escrito el 29 de marzo informando de la desidia de Puertos de Las Palmas respecto a esta cuestión. Que Puertos del Estado informó por mail al reclamante que ya había remitido el asunto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Y que desde entonces. “y pese a haber transcurrido más de tres meses desde su presentación, la Autoridad Portuaria no me ha dado respuesta ni notificado resolución alguna sobre las actuaciones previas ni sobre la incoación del procedimiento de revisión de oficio solicitado”, dice este nuevo requerimiento del ciudadano.
Fernández recuerda al organismo estatal responsable de todos los puertos de interés general de España, que es Puertos del Estado el que promovió una auditoría a la Fundación Puertos de Las Palmas, donde precisamente se detectó que la contratación de su gerente, Betsabé Morales, incurrió en las mismas irregularidades que se señalan respecto a Francisco Trujillo, es decir, la ausencia de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Por eso reclama de Puertos del Estado que vuelva a requerir de la Autoridad Portuaria que haga algo, que actúe de oficio y que resuelva en el sentido que considere más oportuno, pero que resuelva.