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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASASegún esta organización, esta persona acudía repetidamente a una iglesia de la localidad de San Bartolomé de Tirajana con el fin de "impedir el desarrollo de las celebraciones religiosas"
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado este jueves que ha presentado una querella contra un hombre que, durante nueve meses, interrumpió misas en una parroquia de Gran Canaria en medio de gritos, amenazas e insultos.
Según Abogados Cristianos, estos hechos son, a su juicio, constitutivos de los delitos de interrupción de culto, amenazas y coacciones, al entender que con su conducta, este hombre no solo perturbó de forma continuada el culto religioso en la parroquia, sino que también generó un clima de intimidación, violencia y miedo entre los feligreses.
Esta situación comenzó en septiembre del pasado año en una iglesia de San Bartolomé de Tirajana, y se prolongó durante nueve meses aproximadamente.
La forma de proceder del hombre consistía en entrar a la parroquia mientras se celebraba la misa y, una vez dentro, comenzaba a gritar y proferir insultos y amenazas a quienes asistían a la celebración eucarística, según el colectivo ultra.
Cuando se le requería deponer su actitud y abandonar el recinto, respondía con una actitud hostil, según los hechos relatados por Abogados Cristianos, y se enfrentaba verbalmente a los responsables de la parroquia y los fieles presentes
Al repetirse estos hechos durante tanto tiempo, muchas personas que acudían a misa los denunciaron, y ello derivó en una primera investigación policial que acabó con la detención de este hombre en Maspalomas, y el inicio de las correspondientes diligencias judiciales en el juzgado de turno de San Bartolomé de Tirajana.
Sobre estos hechos, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha denunciado que durante nueve meses “decenas de fieles han visto vulnerado su derecho a practicar su fe con libertad mientras las amenazas y los insultos se convertían en algo habitual”.
“Es intolerable que una parroquia tenga que convivir con una situación de acoso continuado. La Justicia debe actuar con firmeza y enviar un mensaje claro: impedir por la fuerza el ejercicio de la libertad religiosa tendrá consecuencias penales”, ha concluido.