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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl Estatuto Básico del Empleado Público reconoció hace veinte años el derecho del personal público a progresar profesionalmente, pero la carrera profesional sigue siendo una asignatura pendiente en la Administración General, han firmado representantes de CCOO, Co.bas, Intersindical Canaria y SEPCA durante una rueda de prensa
Los sindicatos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias han denunciado el bloqueo de la carrera profesional y el agravio que, aseguran, sufre desde hace décadas más de 12.000 empleados públicos.
El Estatuto Básico del Empleado Público reconoció hace veinte años el derecho del personal público a progresar profesionalmente, pero la carrera profesional sigue siendo una asignatura pendiente en la Administración General, han firmado representantes de CCOO, Co.bas, Intersindical Canaria y SEPCA durante una rueda de prensa.
Asimismo, han indicado que el pasado 17 de junio se constituyó fla Mesa Técnica de la Carrera Profesional, pero las organizaciones sindicales temen que el Gobierno de Canarias no responda realmente a sus peticiones y sea una maniobra dilatoria.
La Administración ha planteado vincular el desarrollo de la carrera profesional a un sistema de evaluación del desempeño que podría tardar hasta dos años en ponerse en marcha, y los sindicatos rechazan cualquier condicionante que suponga retrasar innecesariamente el reconocimiento de este derecho.
A su juicio, la Administración General no puede seguir siendo el único sector excluido de este reconocimiento profesional frente a otros ámbitos públicos como el Servicio Canario de la Salud, la docencia o la justicia que sí gozan de él.
Los sindicatos sostienen que esta exclusión sitúa a Canarias a la cola del Estado en un momento en el que comunidades autónomas de distinto signo político, como Andalucía o Madrid, han desplegado en los últimos años normativas específicas para implantar de forma gradual este derecho profesional y retributivo, tal y como contempla el Estatuto Básico del Empleado Público.
A su juicio, el coste de 40 millones de euros que supondría su puesta en marcha es asumible por el Gobierno de Canarias, que dedica numerosos recursos a otros fines.
En la próxima reunión prevista para el 2 de julio, los sindicatos exigen “un compromiso claro para acelerar los plazos y no demorar la implantación efectiva de la carrera profesional”.
También reclaman garantías jurídicas y presupuestarias para que las modificaciones legales y las previsiones económicas se traduzcan “en hechos inmediatos y no en meras declaraciones de intenciones”.
Los sindicatos recuerdan que en 2024 ya entregaron al Gobierno de Canarias una propuesta técnica para la implantación definitiva de la Carrera Profesional Horizontal en la Administración General.
Asimismo, han intensificado su ronda de contactos en el ámbito legislativo y ha mantenido encuentros con distintos grupos parlamentarios para trasladarles la propuesta.
Los sindicatos han iniciado movilizaciones y se concentrarán el 30 de junio, de 10:00 a 12:00 horas, frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, con la intención de nuevas protestas si no se atienden sus reivindicaciones.