CI.- La organización Caribe Afirmativo presentó este jueves en la Universidad de Antioquia su informe «Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+». El documento revela que durante 2025 ocurrió un homicidio de una persona LGBTIQ+ cada 32 horas en Colombia.

La corporación documentó al menos 270 asesinatos, lo que representa un aumento cercano al 60 % frente a periodos anteriores. Con estas cifras, Colombia disputa con Brasil y México el lugar como uno de los países más violentos de América Latina para esta población.

La violencia no empieza con el homicidio

La violencia contra personas LGBTIQ+ no comienza con el asesinato. Otras agresiones la preceden y escalan progresivamente. El informe documentó:

• 2.928 casos de violencia en total, es decir, un caso cada 6 horas.
• 1.531 hechos de violencia intrafamiliar: el 60 % afecta a mujeres lesbianas.
• 628 víctimas de violencia sexual: la mayoría son lesbianas y bisexuales.
• 1.184 amenazas: equivalen a 3 personas amenazadas al día (una cada 7,4 horas).

Discurso de odio y violencia digital

Los discursos de odio, la estigmatización y la deshumanización se normalizan cada vez más, tanto en espacios físicos como digitales. Esta normalización legitima socialmente la violencia. Las amenazas, muchas originadas en redes sociales, demuestran un patrón claro: la violencia digital se convierte en violencia física y, en muchos casos, en asesinatos.

En 2025, Bogotá registró 553 amenazas; Antioquia, 98; Atlántico, 69; y Valle del Cauca, 60. Estos departamentos figuran entre los más peligrosos para las personas LGBTIQ+.

Además, al menos 93 defensores y defensoras de derechos humanos LGBTIQ+ recibieron amenazas, lo que agrava el panorama de riesgo.

Crímenes con sevicia e impunidad sistemática

Los asesinatos contra personas LGBTIQ+ muestran altos niveles de sevicia: tortura, desmembramiento, desaparición forzada y ejecuciones con tiro de gracia. Estos crímenes ocurren principalmente en espacios privados, como viviendas u hoteles, y a menudo se vinculan con economías informales o de supervivencia.

Las víctimas suelen carecer de redes de apoyo, viven en condiciones de vulnerabilidad o se encuentran fuera de sus territorios de origen. Esta situación incrementa el subregistro y dificulta el acceso a la justicia.

La violencia institucional y la falta de investigación efectiva consolidan un escenario de impunidad sistemática.

Control territorial y agendas de odio

En varios territorios, grupos armados ilegales continúan ejerciendo control social mediante violencia dirigida contra personas LGBTIQ+.

Estos grupos refuerzan “agendas de odio” que buscan disciplinar cuerpos e identidades diversas. Ello demuestra que la violencia no sólo es de carácter social, sino también político y territorial.

«Fallaron el sistema, el Estado, la familia y la sociedad»

Desde una perspectiva de derechos humanos, la conclusión del informe es contundente: fallaron el sistema, el Estado, la familia y la sociedad.

La persistencia de estas violencias demuestra que los avances normativos no bastan si no se traducen en garantías reales para la vida y la dignidad. La falta de prevención, la débil respuesta institucional y la normalización social de la violencia están costando vidas.

En Colombia, ser una persona LGBTIQ+ sigue siendo una condición de alto riesgo. Lejos de tratarse de hechos aislados o coyunturales, la violencia contra esta población responde a patrones estructurales: el prejuicio y la impunidad sistemática que la inacción estatal sostiene.

CI FC/21/05/2026/18:00