El inmovilismo frente a la crisis climática choca contra una realidad innegable que ya representa un grave problema de salud pública.

Los pronósticos científicos advierten que cuatro de cada cinco españoles vivirá una alta exposición a noches tropicales durante las próximas décadas.

El peligro más acuciante no reside únicamente en los picos de las olas de calor, sino en la persistencia de termómetros por encima de la media. Esta exposición prolongada somete al organismo a un estrés térmico continuo que se traduce en una letalidad silenciosa en los meses estivales.

Los datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria, el panel MoMo, ya registran 2.500 muertes desde mediados de mayo, una cifra que escala hasta los 5.000 fallecimientos según las herramientas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ante esta situación, es imperativo implementar cambios estructurales profundos en los entornos urbanos que padecen el efecto de isla de calor.

La solución a corto plazo más defendida por los expertos es la creación de una red de refugios climáticos verdaderamente funcional. Estos espacios, ya sean bibliotecas, centros cívicos o zonas verdes arboladas, deben garantizar una temperatura asequible, disponer de áreas de descanso y ofrecer agua potable

La especialista Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace, ha advertido hoy en una entrevista con el periodista Jorge Granullaque en el programa Más de Uno que no basta con colocar una pegatina identificativa en cualquier lugar.

Para ser funcionales, estos espacios deben ofrecer una temperatura agradable, ser gratuitos y abrir en las horas críticas, evitando catalogar de forma irresponsable aparcamientos o huecos bajo los puentes como refugios improvisados que no salvan vidas.

La distribución territorial de estas zonas evidencia una enorme desigualdad, ya que apenas 19 de las 52 capitales de provincia ofrecen una red real, según datos publicados por Greenpeace España. Esto deja desprotegidas a ciudades del norte como Oviedo o Santander, que históricamente no eran tan calurosas pero que debido al cambio climático hoy se encuentran en situaciones de alto riesgo para la población.

Esta preocupante desprotección demuestra que las medidas autonómicas y municipales son aún muy insuficientes y dispares a lo largo de la geografía española.

La falta de rigor ha provocado reacciones y medidas políticas como la del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, señalando que el calor extremo "mata y golpea con más fuerza a quienes menos recursos tienen".

Sin embargo, las críticas no se traducen en medidas efectivas. Según estipula la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, norma estatal que transpone las directrices de la Unión Europea para municipios de más de 50.000 habitantes, las urbes tienen el mandato legal de diseñar intervenciones de carácter adaptativo para atenuar el efecto de isla de calor, una exigencia que la burocracia y las batallas ideológicas no están llevando a cabo.