La jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha abierto juicio oral contra la alcaldesa de este municipio madrileño, Judith Piquet (PP), por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos después de que un atestado de la Policía Local alcalaína fuera utilizado para relacionar migración con inseguridad.

El auto, al que ha tenido acceso EFE, confirma que la regidora y su jefe de gabinete, Raúl Castillo, se enfrentarán a la vista oral en calidad de investigados tras terminar la instrucción que comenzó con una denuncia del PSOE y la imputación de Piquet en agosto de 2024.

Desde el Ayuntamiento complutense, que ha recurrido en varias ocasiones los dictámenes de la jueza instructora ante la Audiencia Provincial, han señalado a EFE que todavía no han recibido comunicación oficial de la apertura del juicio oral.

El portavoz socialista en la ciudad, Javier Rodríguez, ha indicado en un audio enviado a los medios que “Judith Piquet debería dimitir hoy mismo como alcaldesa antes de verse sentada en un banquillo defendiendo lo indefendible y manchando el nombre de Alcalá de Henares”.

Un atestado en manos del PP madrileño

El documento oficial presuntamente filtrado por Piquet es un atestado policial publicado por el número dos del PP madrileño, Alfonso Serrano, que recogía la denuncia por parte de una mujer de una agresión sexual cometida por “un joven de raza negra” en Alcalá de Henares.

Serrano, aforado como senador, utilizó el documento para defender las afirmaciones que la presidenta regional realizó en enero de 2024, en las que vinculaba a migrantes con la comisión de delitos sexuales.

Estas declaraciones se produjeron semanas después de que en Alcalá se abriese el Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) de migrantes, en diciembre de 2023.

Los hechos investigados se remontan al 17 de enero de 2024, cuando el Ayuntamiento alcalaíno acogió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

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En ese momento, Ayuso anunció ante los medios la existencia de “brotes de sarna y peleas violentas” entre los migrantes del CAED, y afirmó que se habían producido agresiones sexuales a mujeres del municipio por parte de los migrantes del citado centro.

Más tarde, la presidenta regional se justificó diciendo que esta información procedía de “una situación que le transmitió la alcaldesa de Alcalá”. En este contexto, Serrano publicó en su cuenta de X la foto del informe policial. Ahora, la Justicia investiga cómo llegó el documento a sus manos.

En este sentido, el portavoz socialista ha añadido que Serrano “debería decir la verdad y hacerse responsable de sus actos en lugar de ocultarse y tratar de salir indemne”, tal y como, según ha recordado, hizo en su declaración como testigo ante el juzgado de instrucción, donde afirmó que no sabía quién le había mandado ese informe.