Una mujer de Murcia de 79 años no ha podido cobrar un cupón de la ONCE, premiado con 35.000 euros, al comprobarse que figuraba inscrita en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (Rgiaj), una lista estatal que impide participar en determinadas actividades de juego a personas que solicitan voluntariamente su exclusión o sobre las que pesa una prohibición legal.

Según la información publicada por diversos medios, Carmen, la mujer afectada, descubrió que aparecía inscrita en este registro después de presentar el cupón premiado.

La afectada sostiene que nunca solicitó esa inscripción y que fue su marido, ya fallecido, quien la dio de alta hace años mediante un burofax remitido a la Administración, suplantando su identidad y su firma.

El objetivo del marido, según explica Carmen a 'El País', era supuestamente impedir que continuara jugando a los pequeños juegos de bingo que se organizaban en el centro social de Murcia. Sin embargo, la afectada sostiene que ella nunca firmó ni autorizó ese trámite y que no tiene problemas con el juego.

¿La razón? La hija de ambos lo tiene claro: "Mi padre era un desastre como marido. Tenía un pensamiento machista y no le gustaba que mi madre fuera al bingo del centro social con sus amigas porque él se quedaba solo en casa. Tuvieron una discusión fuerte por ese motivo", publica el diario.

Además, la hija tampoco entiende cómo esa petición fue aceptada por la Dirección General de Ordenación del Juego (Dgoj), ya que el documento contenía varios errores, como la localidad de nacimiento de la mujer, la propia firma e, incluso, tenía el apellido mal escrito.

El marido justificó la inscripción por una "imposibilidad transitoria" de la mujer, que le impedía supuestamente conducir o desplazarse. Pero la hija ha asegurado que, en realidad, su padre era el que se encontraba enfermo.

El Rgiaj es un registro gestionado por la Dirección General destinado a impedir el acceso a actividades de juego a las personas inscritas en él. Según explica la Dgoj, "la inscripción será por tiempo indefinido, si bien podrá solicitar su cancelación trascurridos 6 meses desde que se haya practicado la inscripción".

La finalidad del registro es reforzar las políticas de juego responsable y evitar que quienes han decidido autoexcluirse puedan participar en juegos de azar autorizados.

La base jurídica se encuentra en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que establece que no podrán participar en las actividades de juego "las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme".

Posteriormente, la normativa de los juegos de la ONCE incorpora esa misma prohibición. El Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada 'Cupón de la ONCE' incluye entre las personas que tienen prohibido participar en estos juegos a "las personas incapacitadas legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con lo que se establezca en la normativa civil, como aquellas que voluntariamente hubiesen solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme". Y asegura que dichas personas "deberán estar inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego que se contempla en el artículo 6 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego".

Como consecuencia, cuando la ONCE identifica al ganador de un sorteo para efectuar el pago del premio debe comprobar que cumple todos los requisitos legales exigidos.

Si el beneficiario figura inscrito en el registro de autoprohibición, la entidad no puede hacer efectivo el abono mientras esa situación continúe vigente.

Por lo tanto, la organización sostiene que está obligada a aplicar la legislación vigente y que no puede abonar el premio mientras la afectada permanezca inscrita en el registro.

El portavoz de la ONCE ha asegurado, sin embargo, que "si la inscripción en el registro llega a anularse de manera oficial o por vía judicial, cobrará su premio en el minuto uno".

De acuerdo con las informaciones difundidas, el caso ya se encuentra en manos de la Justicia, a quien la mujer reclama la anulación de la inscripción y el cobro del premio.