Las sentencias, dictadas el pasado 26 de junio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, respaldan una deuda superior a los 700.000 euros y mantienen las sanciones impuestas por las irregularidades fiscales detectadas, aunque el importe de estas no ha trascendido.

Los magistrados consideran acreditado que la artista utilizó dos sociedades patrimoniales, de las que controlaba prácticamente la totalidad del capital, para facturar parte de su actividad profesional. Según recoge la resolución, ingresos derivados de conciertos, grabaciones discográficas o entrevistas fueron canalizados a través de estas mercantiles por importes inferiores a su valor de mercado, una práctica que le permitió beneficiarse de una tributación más favorable.

Pese a este nuevo varapalo judicial, el procedimiento aún no está cerrado. Isabel Pantoja puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que será el encargado de decidir si confirma de forma definitiva el criterio de la Audiencia Nacional.

La Agencia Tributaria reclama a la tonadillera 438.045,20 euros correspondientes al ejercicio de 2009 y otros 264.978,75 euros por el de 2010. No obstante, estas cantidades todavía no figuran en la lista de grandes deudores de Hacienda, ya que la normativa exige que las deudas sean firmes antes de su inclusión en ese registro.

Durante el proceso, la defensa de la cantante sostuvo que las liquidaciones habían prescrito como consecuencia de las dilaciones producidas durante la inspección fiscal. Asimismo, cuestionó la valoración efectuada por la Administración al considerar que no se habían tenido en cuenta los beneficios obtenidos por las sociedades implicadas. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechaza estos argumentos y concluye que la actuación de Hacienda fue conforme a derecho y que las liquidaciones se practicaron correctamente.

Este nuevo episodio se suma al largo historial judicial de Isabel Pantoja con el fisco. En el marco del caso Malaya, la artista fue condenada por un delito de blanqueo de capitales a dos años de prisión y al pago de una multa de 1,15 millones de euros. La cantante ingresó en prisión en noviembre de 2014 para cumplir la pena impuesta.