La empresa española Suelopetrol Exploración y Producción, S.L., que según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) participó en la activación de la compra por parte del comisionista Víctor de Aldama del chalé de La Alcaidesa para que lo disfrutara el exministro de Transportes José Luis Ábalos, dirigió el pasado 2 de agosto un escrito a la Oficina Económica y Comercial de España de la Embajada de Caracas para pedir ayuda y tratar de impedir que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ceda su negocio petrolero en el país sudamericano a empresas de Estados Unidos.

Así consta en el documento remitido por el letrado Antonio Luis Vázquez Delgado, del bufete ABAM Abogados y secretario del consejo de administración de Suelopetrol, en el que se solicita la colaboración institucional del Gobierno de España "para facilitar una interlocución efectiva con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de hidrocarburos; Petróleos de Venezuela, S.A. —PDVSA—; la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. —CVP—; y los restantes organismos venezolanos competentes", dice de forma literal el escrito, al que ha tenido acceso esta redacción.

El letrado Antonio Vázquez, del despacho ABAM Abogados y secretario del Consejo de Administración de Suelopetrol en España. / Imagen cedida por Entrelíneas Comunicación

La compañía hace esta petición después de expulsar de la dirección de la misma al empresario venezolano Henrique José Rodríguez Guillén, que según los informes de la UCO habría ayudado a Aldama a activar el pago de una mordida a Ábalos. De esta forma, la mercantil busca desvincular su imagen por completo del caso Koldo, pese a que en la sentencia del Tribunal Supremo no se alude a una intervención relevante de la firma Suelopetrol.

El letrado Vázquez Delgado pretende que las autoridades venezolanas "reconozcan la actual titularidad y órgano de administración de Suelopetrol; actualicen su condición de socio privado legítimo de [la petrolera] Petrocabimas; se abstengan de adoptar o ejecutar medidas que desconozcan, sustituyan o vacíen de contenido su participación; tramiten las autorizaciones administrativas y societarias que pudieran resultar necesarias; y valoren el nuevo Plan de Negocio 2026-2039, orientado a reactivar los activos e incrementar la producción".

La petición de ayuda se produce días después de que Suelopetrol conociera por los medios de comunicación "actuaciones dirigidas a atribuir a otra entidad derechos operativos sobre los campos petrolíferos Cabimas Tierra y Tía Juana Tierra". Se trataría de la firma de EEUU Pacific Coast Energy Co, que ha sido informada por burofax de que la compañía española es la titular del 40% del capital de la firma Petrocabimas SA, afirma el letrado Antonio Luis Vázquez Delgado.

Según la agencia Bloomberg Pacific Coast Energy Co. (PCEC) se encuentra en las fases finales para sellar una alianza estratégica con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) orientada a la explotación de campos de crudo en el país. El pacto se enmarca en un despliegue del Ejecutivo venezolano, respaldado por la administración del presidente Donald Trump, para suscribir nuevos convenios energéticos.

En este sentido, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró la semana pasada que su país está obteniendo “mucho petróleo” de Venezuela y defendió la relación que mantiene con el Gobierno de Delcy Rodríguez, al afirmar que “al vencedor le pertenecen los despojos”, según informa la agencia Efe.

Suelopetrol reclama la intervención institucional española "después de haberse intentado reiteradamente una solución directa" ante las autoridades venezolanas. Así, desde 2023 los actuales titulares de Suelopetrol han comunicado al país sudamericano el cambio en la dirección, "aportado documentación, mantenido reuniones con representantes de PDVSA y Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y ofrecido financiación e inversión para la continuidad de Petrocabimas. Estas actuaciones fueron reiteradas y ampliadas mediante la comunicación formal presentada ante el Ministerio en julio de 2026", dice el escrito. Sin embargo, no han obtenido una respuesta satisfactoria.

"No se solicita a la Oficina española que resuelva una controversia privada ni que sustituya a las autoridades venezolanas. Se interesa su apoyo para asegurar que una inversión española de elevada relevancia económica sea escuchada y examinada con las debidas garantías. Se pide, asimismo, que la Oficina tome en consideración que Suelopetrol y sus actuales titulares agotaron previamente una fase prolongada de interlocución directa con las autoridades venezolanas", insiste el informe remitido a la Oficina Económica española en Caracas, que recuerda que en diciembre de 2023 la empresa ya denunció ante el Gobierno venezolano "el riesgo de atribución de los activos a terceros".

El abogado Antonio Vázquez, del despacho ABAM Abogados y secretario del Consejo de Administración de Suelopetrol en España. / Foto cedida por Entrelíneas Comunicación

"No consta que Petrocabimas haya sido válidamente disuelta, liquidada o extinguida, ni que se haya producido una modificación societaria válida que prive a Suelopetrol de su condición de accionista. Por tanto, cualquier atribución a terceros de derechos comprendidos en el ámbito operativo de Petrocabimas debe respetar su estructura accionarial, sus estatutos, los derechos del socio privado y las garantías nacionales e internacionales aplicables", advierte esta empresa constituida en España, que pertenece al 95% a la sociedad suiza Ruve Beratung & Treuhand AG, propiedad del ciudadano norteamericano David Leonardo López Darquea.

La compañía explica que su posición no pretende impedir la recuperación de la producción. "Al contrario, esa recuperación debe realizarse respetando la sociedad mixta existente y permitiendo que su socio privado legítimo aporte inversión, tecnología y capacidad operativa. La eventual sustitución de Suelopetrol por otra entidad, sin procedimiento, audiencia, motivación, indemnización ni reconocimiento de sus derechos, podría constituir una infracción de los estatutos de Petrocabimas; una alteración del equilibrio contractual; una privación indirecta de la inversión y un supuesto susceptible de activar mecanismos nacionales e internacionales de protección", anuncia la empresa.

El Plan de Negocio de la empresa Petrocabimas entre 2026-2039 prevé, según afirma Suelopetrol en el escrito destinado a la Embajada, un compromiso inicial de inversión de 625 millones de dólares, distribuido del siguiente modo: "202 millones de dólares para Cabimas Oeste; 423 millones de dólares para Tía Juana Tierra. La inversión se destinaría a la reactivación de pozos, [...]. El objetivo inicial es alcanzar aproximadamente 60.000 barriles diarios durante la primera fase, con incrementos posteriores conforme avance el proyecto", concluye el documento remitido a la Oficina Económica y Comercial de España de la Embajada de Caracas el pasado 2 de agosto.

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