El primer instructor del caso Leire por las maniobras de la exmilitante socialista para perjudicar a fiscales y guardias civiles que participan en las causas contra el Gobierno socialista ha explicado las razones por las que ha aceptado ahora ceder la causa a la Audiencia Nacional. Argumenta que su compañero Santiago Pedraz mantiene una investigación más avanzada que ha permitido imputar a responsables "que podrían tener un mayor nivel de jerarquía", entre los que se encuentran la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes o el que fuera 'número tres' de la formación, Santos Cerdán.

Este jueves se ha conocido el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que Arturo Zamarriego su constatación de que Cerdán pudo ejercer "el impulso intelectual y financiero" de la trama al acordar remunerar a la exmilitante Leire Díez por sus servicios con dinero del partido. Sobre Fuentes, manifiesta que "habría emitido las oportunas órdenes de encargo sobre las que se habrían emitido "mendaces facturas que permitieron la transferencia de fondos del partido con destino a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset".

La cuestión es que este juez de jurisdicción ordinaria únicamente investigaba a la propia Leire, a Pérez Dolset, al abogado Jacobo Teijelo y al periodista Pere Rusiñol y, según ha podido constatar, estas personas "podrían no ocupar un lugar principal en dicho entramado" mientras que las diligencias seguidas por el Juzgado Central de Instrucción se dirigen además contra otras que sí "podrían tener mayor nivel de jerarquía" y ello hace "necesario la exacta concreción de responsabilidades" de todas ellas.

El pasado 27 de mayo, el juez Pedraz imputó a Fuentes, a Santos Cerdán, y a otras seis personas (abogados vinculados con la formación y exdirigentes como Gaspar Zarrías) a la vez que ordenaba la entrada de Operativa (UCO) de la Guardia Civil  en la sede del partido en Madrid. También incluye en sus pesquisas al que fuera número dos de la Secretaría de Organización socialista, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano y a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y luego presidente de Correos.

Santos Cerdán llega al Tribunal Supremo para prestar declaración, en una comparecencia de junio de 2025 / José Luis Roca

En su auto, que tiene fecha de este 11 de agosto, Zamarriego señala que la investigación de Pedraz se refiere a "una supuesta trama formada por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios que se confabularon para desestabilizar los procesos judiciales que afectaban al Partido Socialista Obrero Español y al Gobierno". Añade que en dichas pesquisas se constata que Leire Díez "habría ofrecido a funcionarios de la Guardia Civil y del Ministerio Fiscal remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos", con la finalidad de “atacar” la correcta dirección de las investigaciones.

Paralelamente, Pedraz descubrió, a raíz del estudio de la documentación intervenida en los registros efectuados en diversas viviendas, la presunta intervención de Cerdán y Fuentes. Concretamente, la investigación apunta a los pagos ordenados por el primero con fondos del partido a través de los abogados Zarrías, Teijelo e Ismael Oliver, "quienes habrían prestado sus sociedades mercantiles como vehículo para canalizar dichos pagos". Fuentes, por su parte, "habría emitido las oportunas órdenes de encargo" sobre las que se habrían emitido las facturas falsas que permitieron la transferencia de fondos del partido con destino a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset.

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán (d), junto a su abogado Jacobo Teijelo (i) a su salida de la prisión de Soto del Real, a 19 de noviembre de 2025, en Soto del Real, Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

A partir de aquí, Zamarriego recuerda que la ley establece que “cada delito dará lugar a la formación de una única causa”, y que “los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto lo hagan conveniente", salvo que se trate de un caso de mucha complejidad.

Así, el titular de la plaza número 9 de Instrucción de Madrid admite que "no cabe duda de que los presuntos delitos que se investigan en las presentes Diligencias Previas, es decir, la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y cohecho por parte de las personas que él estaba investigando hasta este momento "tenía por finalidad neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la UCO sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes del Partido Socialista Obrero Español", y "aparecen indisolublemente unidos a los delitos objeto de investigación del Juzgado Central de Instrucción".

Ello exige, a juicio de Zamarriego, "la tramitación de una sola causa en la que se tome declaración a todos los investigados y se averigüe la titularidad del dinero recibido por Leire Díez, centralizando las diligencias a practicar, necesarias para ello"; y "sugiere una jurisdicción única que posibilitaría una investigación más ágil y en mejores condiciones, dirigida por un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que desde un Juzgado territorial".

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