Rodrigo Arenas, presidente del medio digital República, denunció este jueves 13 de agosto la supuesta planificación de un atentado contra su vida y la de integrantes de su equipo editorial. Tras conocerse el señalamiento, organizaciones vinculadas con el periodismo y el sector empresarial expresaron preocupación, pidieron que el caso sea investigado y defendieron la libertad de expresión.

“La intención es firme y el plan es real. Está confirmado, sabemos quiénes son”, afirmó Arenas en un video difundido públicamente. Según su versión, detrás de la amenaza estarían políticos y financistas vinculados con lo que denominó “narcopolítica”, a quienes el medio habría investigado y señalado en publicaciones periodísticas. Arenas aseguró, además, tener información sobre una reunión celebrada la semana pasada para planificar el supuesto atentado, aunque en su mensaje no reveló nombres.

El empresario indicó que la información y los detalles de la denuncia fueron trasladados a autoridades nacionales y a gobiernos de países aliados. José Orellana, director editorial de República, señaló que el martes último se presentó la denuncia ante las instancias correspondientes y que buscarán respaldo de organizaciones de prensa.

Narcopolíticos nos quieren callar, pero no retrocederemos.

La narcopolítica amenaza de muerte a @rodrigoarenas, presidente editor de República.

Denunciamos, con preocupación pero con determinación, la planificación de un atentado contra su vida y contra el equipo editorial. La… pic.twitter.com/KZsgREuysY

— República. (@republicagt) August 13, 2026

La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) manifestó su preocupación por la denuncia y sostuvo que, según lo divulgado públicamente, no se trataría únicamente de actos aislados de intimidación, sino de una supuesta operación orientada a atentar contra Arenas y miembros de su equipo.

La organización exigió al Ministerio Público (MP) una investigación “seria, independiente y exhaustiva”para determinar quiénes podrían estar detrás de los hechos denunciados. También solicitó al Ministerio de Gobernación, a la Policía Nacional Civil (PNC) y a otras instituciones de seguridad adoptar medidas urgentes de protección para Arenas y su equipo editorial, en particular para los editores Alejandro Palmieri y José Fernando Orellana.

La Cámara Guatemalteca de Periodismo condena y denuncia públicamente la grave operación criminal planificada en contra de la vida e integridad de @rodrigoarenas, presidente editor de @republicagt así como de los directores editoriales @PalmieriWaelti, José Fernando Orellana y pic.twitter.com/rZMtNWQb0O

— Cámara Guatemalteca de Periodismo (@PeriodismoCGP) August 13, 2026

“Un ataque contra un periodista y su equipo no es únicamente un ataque contra personas: es un ataque contra el derecho de toda la sociedad guatemalteca a estar informada”, manifestó la Cámara. La entidad fundamentó su postura, entre otras disposiciones, en el artículo 35 de la Constitución, que garantiza la libertad de emisión del pensamiento.

A las reacciones se sumó la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), que rechazó “categóricamente” cualquier manifestación de violencia, amenaza, intimidación, hostigamiento o coacción contra periodistas, medios de comunicación y personas que ejercen su derecho a expresarse.

✍🏽Comunicado | FUNDESA rechaza toda manifestación de violencia
contra la libertad de expresión pic.twitter.com/cctW18k5tI

— FUNDESA (@FUNDESA) August 13, 2026

“Ninguna diferencia de opinión, por profunda que sea, justifica la violencia”, afirmó la organización. Fundesa sostuvo además que la libertad de emisión del pensamiento constituye un pilar de la democracia y destacó la importancia de la cobertura periodística sobre el crimen organizado y su penetración en la política y las instituciones del Estado.

La organización expresó solidaridad con el equipo periodístico de República y sus familias e instó a las autoridades competentes a investigar los hechos “con prontitud, objetividad e independencia”, además de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo en Guatemala. También hizo un llamado a actores políticos, sociales y ciudadanos a mantener el debate público dentro de un marco de respeto, legalidad y tolerancia.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala reposteó el video en el que Rodrigo Arenas denunció un supuesto plan para atentar contra su vida y la de su equipo de periodistas y calificó de “alarmantes” las informaciones sobre políticos vinculados al narcotráfico que buscan mantener sus actividades ilícitas ocultas.

Las noticias de que ciertos políticos vinculados al narcotráfico en Guatemala intentan mantener sus actividades ilícitas en la sombra son alarmantes, pero no sorprendentes. Antes de las elecciones de 2027, deberían saber lo siguiente: Estados Unidos tiene cero tolerancia con los… https://t.co/FQbyqZMutl

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 14, 2026

“Estados Unidos tiene cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política”, afirmó la sede diplomática. Además, de cara a las elecciones de 2027, advirtió que se mantendrá firme “contra quienes utilicen el poder político para proteger intereses delictivos”.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se sumó este 13 de agosto a los pronunciamientos y expresó su rechazo a cualquier amenaza o acción contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de prensa y la seguridad de las personas.

“El sector privado organizado repudia y rechaza contundentemente cualquier amenaza o acción que atente contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de prensa y la integridad física y seguridad de las personas”, señaló la organización.

Además, hizo un llamado a los guatemaltecos a involucrarse en la defensa de esas libertades y reiteró su compromiso con el Estado de Derecho, la libre emisión del pensamiento y la preservación de un entorno seguro para la participación ciudadana.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), por medio de su Comisión de Libertad de Prensa, informó que da seguimiento al caso y que fijará una postura cuando disponga de información verificada. Según lo informado por Orellana, también se ha buscado respaldo de otras organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con la prensa.

Mientras las organizaciones reclaman investigación y protección, Arenas aseguró que el medio continuará con su trabajo periodístico pese a las amenazas denunciadas. Las autoridades deberán establecer ahora, mediante las investigaciones correspondientes, el origen, alcance y posibles responsables del supuesto plan denunciado por el presidente de República.

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