Pablo Laurta, el protagonista de uno de los raídes criminales más escalofriantes de los últimos tiempos, no volverá a pisar la calle si la Justicia logra su cometido. A pocos días de que se venza su prisión preventiva, la fiscalía de Entre Ríos avanza a paso firme para pedir una prórroga y garantizar que el hombre acusado de masacrar a tres personas continúe aislado en una celda de la Unidad Penal N.° 1 de Paraná.

La batalla legal por su futuro inmediato está a punto de definirse en los tribunales. Augusto Laffarreire, el mediático abogado que defendió a Nahir Galarza y que ahora representa a Laurta, indicó a la Agencia Noticias Argentinas que el plazo de encierro caduca a principios de septiembre. De cara a la inminente audiencia de revisión, el letrado reconoció que la acusación exigirá mantenerlo preso mientras terminan de recolectar pruebas clave.

La estrategia para blindar su encierro ya cuenta con un aval clave dentro de los tribunales. Desde la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial entrerriano, la jueza María Gabriela Seró resolvió a favor de la ampliación de la medida cautelar, un movimiento que complica cualquier intento de la defensa por conseguir la libertad.

El expediente que lo mantiene tras las rejas en el litoral es el asesinato del remisero Matías Sebastián Palacio. La noche del 7 de octubre del año pasado, Laurta lo citó en la terminal de ómnibus de Concordia (ya se conocían por viajes previos) y le pagó un millón y medio de pesos en efectivo para que lo llevara directo hasta la provincia de Córdoba.

Sin embargo, el chofer nunca llegó a destino. Según los investigadores, el acusado lo asesinó a mitad de camino, descartó partes de su cuerpo en la zona de Estación Yeruá y tomó el control del Toyota Corolla de la víctima para continuar su viaje en soledad hacia el doble femicidio.

Cuatro femicidios brutales en un año exponen la burocracia judicial incapaz de prevenirlos

Al volante del auto robado, el acusado irrumpió en la capital cordobesa y ejecutó la segunda parte de su plan: asesinó de forma brutal a su ex pareja, Luna Giardina, y a su ex suegra, Mariel Zamudio. Para borrar rastros, manejó hasta las Altas Cumbres, incendió el vehículo del remisero y escapó hacia Gualeguaychú, donde finalmente fue rodeado por la policía en un hotel.

Mientras su estadía en la cárcel entrerriana se encamina a extenderse a pedido de los fiscales, la Justicia cordobesa ya le puso fecha al momento cúlmine del caso. Los tribunales confirmaron que el 8 de marzo de 2027 se pondrá en marcha el juicio oral y público por las muertes de Giardina y Zamudio.

Esta definición del calendario judicial llega ocho meses después de que el fiscal Gerardo Reyes, titular del área de Violencia de Género y Familiar, diera por cerrada la investigación y firmara la elevación a juicio. Hasta que llegue esa fecha, el objetivo unificado de ambas provincias es uno solo: evitar que el asesino recupere la libertad.

TC/AS/MSS