Benahavís había sido refugio, aunque frustrado, de un presunto jefe del Clan del Golfo, un Grupo Armado Organizado (GAO), denominado también Ejército Gaitanista de Colombia. Allí lo había detenido la Policía hacía unos meses al descubrir que le constaba una reclamación de Colombia como supuesto integrante de la cúpula de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Desde entonces, seguía entre rejas en España. Ahora, la Audiencia Nacional ha avalado su extradición para que sea juzgado por extorsión, amenazas graves y presunta pertenencia a organización criminal, según reza la sentencia.

Las autoridades colombianas atribuyen al investigado, identificado en la sentencia con el alias 'Tiburón', haber ejercido entre 2021 y julio de 2024 como "comandante de la oficina de cobros" de una subestructura del citado clan, con actividad en varios departamentos. La demanda de entrega al país de origen sostiene que una de sus funciones eran el cobro de "impuestos" a narcotraficantes y particulares, la exigencia de dinero o de tierras mediante amenazas e intimidaciones portando armas de fuego para coaccionar a las víctimas. Cuando estas, según el fallo, no accedían a sus exigencias, eran buscadas en sus domicilios y amenazaban a sus familiares "con atentar contra sus vidas".

La investigación que dio origen a la reclamación internacional se inició tras el asesinato, en febrero de 2022, del presidente de una organización vecinal en Colombia, un crimen que habría sido, según la documentación reproducida por la Audiencia Nacional, perpetrado por miembros de esa subestructura del Clan del Golfo. Los agentes, durante las pesquisas, situaron al ahora reclamado como uno de los responsables de la estructura dedicada, entre otras funciones, a la extorsión.

Pero el investigado, durante la vista, celebrada este mes de mayo, se opuso a regresar a su país. Su defensa alegó insuficiencia de indicios, vulneración del principio de proporcionalidad y riesgo para sus derechos fundamentales si era extraditado. La Sala rechaza uno por uno esos argumentos. Considera que la petición colombiana describe de forma suficiente los hechos atribuidos, que aporta documentación e indicios sobre su presunta participación y que los delitos investigados tienen equivalente en la legislación española, donde serían constitutivos de pertenencia a grupo criminal, extorsión y amenazas graves.

Descarta posibles tratos inhumanos o degradantes en Colombia

La defensa también descarta que exista un riesgo concreto de sufrir tratos inhumanos o degradantes en Colombia, al entender que las alegaciones formuladas por la defensa no acreditan una situación personal que impida la entrega.

Por todo ello, la Audiencia Nacional acuerda acceder, en vía judicial y "sin perjuicio de la decisión última del Gobierno", a la entrega a Colombia. En cualquier caso, la resolución todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Pleno de la Sala de lo Penal del órgano judicial.

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