Un estudio estima que el pago de intereses por la deuda de Castilla y León pasará de los 390 millones en 2026 a los 546 millones en 2029, con un aumento del 40%, frente a una subida media para el conjunto de las autonomías del 45,1%, hasta los 11.528 millones por el aumento de los tipos.

La 'Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las CCAA (2022-2029)' de Manuel Díaz y Carmen Marín, para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) precisa que los tipos, calculados como el cociente entre el pago anual de intereses y el stock de deuda pública a cierre de año, pasarán en la Comunidad del 2,7% este año al 3,8% en 2029, cuando para el conjunto de las autonomías evolucionará desde el 2,3 al 3,3%, como recoge Ical.

Las proyecciones difundidas indican que la deuda de la Comunidad pasará de los 14.424 millones que se contemplan para cerrar el ejercicio, a los 14.481 para el año 2029, es decir, apenas tres décimas más, cuando a nivel nacional bajará un 0,3%, hasta los 347.012 millones.

Sin embargo, la deuda pública sobre PIB se reducirá desde el 17,5% que supondrá este ejercicio, al 15,4% de 2029, con lo que la Comunidad, se seguirá comportando mucho mejor que la media, que pasará del 19,6% en 2026, al 17,1% al final del periodo de análisis.

Las cifras elaboradas para este informe, defienden desde Fedea, «tienen varias implicaciones de política económica de gran relevancia», ya que pese a la buena evolución para la deuda sobre PIB vaticinada, los gastos por intereses se dispararían, lo que «obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda».

Así, a su juicio, las comunidades autónomas «deben calibrar con especial prudencia las políticas fiscales de carácter expansivo que puedan adoptar tanto en el corto plazo como en los próximos años. En este contexto, resulta fundamental que estas administraciones sean conscientes de que la implementación de reducciones significativas de la presión fiscal y/o el desarrollo de programas de gasto con una rentabilidad social limitada podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales», resumen.

Los responsables de la publicación explican sus estimaciones y constatan que el buen comportamiento general de la deuda responde a que los cálculos de Fedea se basan en la predicción de AIReF de saldos presupuestarios en equilibrio y superávits en 2027, 2028 y 2029, y presupone que «utilizarán estos valores para la reducción de deuda. Los supuestos que hemos utilizado en nuestra estimación pueden considerarse conservadores respecto al escenario actual y, en cierta medida, optimistas respecto al comportamiento fiscal de las comunidades», indican.

En cuanto a los intereses en crecimiento, los autores del informe explican que su estimación tiene en cuenta que «las autonomías tienen que financiar cada año los vencimientos de deuda que correspondan, el déficit público en el que incurran y las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómico de 2008 y 2009». El documento asume una reducción del saldo de la deuda, pero incide en que pese a ese descenso, el gasto por intereses aumenta en sus proyecciones, ya que «la refinanciación de los vencimientos se realiza a tipos de interés superiores a los de la deuda amortizada».

El estudio pone de relieve que el contexto internacional «continúa agitado con presiones inflacionistas provocadas por el aumento del precio del petróleo a raíz de la declaración de guerra entre Estados Unidos e Irá», un hecho que provocó subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo, que no esperan que se reduzcan. Esto, junto con el «aumento del gasto en intereses observado recientemente en las autonomías, hace necesario estudiar cuál puede ser el aumento esperado de esta partida de gasto, que en los próximos años podría llegar a ser una parte importante del presupuesto de las comunidades autónomas», justifica.