El escándalo generado en torno a las oposiciones de promoción interna para cubrir las plazas de Inspector y Subinspector de la Policía Municipal de Valladolid se recrudece.

La Central Sindical y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Ayuntamiento de Valladolid la apertura inmediata de una investigación interna, transparente e independiente para esclarecer lo sucedido en un proceso marcado por supuestas irregularidades, giros de guion y decisiones que el propio sindicato no duda en calificar de «inadmisibles».

El origen del conflicto se remonta a las pruebas de evaluación de la memoria profesional.

Según la información analizada por el sindicato, las bases de ambas convocatorias —prácticamente idénticas— establecían un límite máximo de 25 folios para la presentación del trabajo.

En el proceso para Subinspector, el Tribunal Calificador aplicó la norma de forma tajante y excluyó del examen oral a cinco aspirantes por rebasar esa extensión.

Sin embargo, la controversia saltó apenas 24 horas después.

En el proceso de selección para Inspector, el mismo tribunal cambió de parecer y permitió examinar a candidatos que también habían superado el tope de folios fijado en las bases.

Para mayor desconcierto, días más tarde el órgano selector decidió recular, volvió a convocar a los cinco aspirantes descartados en la categoría de Subinspector y les otorgó una segunda oportunidad para examinarse, obviando el motivo de la exclusión inicial cuando la identidad de los afectados ya era conocida.

Una sentencia del Tribunal Supremo ilocalizable

La tensión se ha incrementado tras revelarse los argumentos jurídicos utilizados para justificar ese volantazo.

En la resolución emitida el pasado 4 de agosto de 2026, el tribunal respaldó su cambio de criterio citando una supuesta Sentencia del Tribunal Supremo del 4 de mayo de 2022, correspondiente al recurso de casación 1823/2019.

Sin embargo, tras consultar la base de datos oficial del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y otros repertorios legales, CSIF asegura no haber encontrado ninguna resolución que coincida con esos datos ni guarde relación con límites de extensión en memorias profesionales.

Desde la central sindical advierten de que, de confirmarse que la resolución se motivó mediante una sentencia inexistente o ajena al caso, se estaría ante un hecho de «extraordinaria gravedad» que sobrepasa el mero error material.

Por todo ello, el sindicato solicitó formalmente el pasado 13 de agosto el expediente completo del caso, incluyendo las actas firmadas del tribunal, las hojas de valoración y las convocatorias, al tiempo que exige depurar las responsabilidades políticas o administrativas correspondientes.

CSIF advierte además de que no permitirá que se intente "dar carpetazo" al asunto sin ofrecer explicaciones públicas y transparentes a la plantilla policial y a los opositores afectados.

El sindicato ya analiza minuciosamente la documentación con sus servicios jurídicos y no descarta acudir a los tribunales para defender los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.