El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de un millón de euros a la empresa de alquiler de coches Avis por llevar a cabo prácticas abusivas. Así se desprende de un comunicado remitido este miércoles por el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

El expediente, tal y como ha detallado el ministerio, nació de una reclamación presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV, y agota la vía administrativa. Sin embargo, sí puede recurrirse en los tribunales. Al ser contactados por EL PERIÓDICO para recabar su versión, Avis ha declinado hacer comentarios.

Según las argumentaciones de Consumo, la empresa cobraba una tasa de entre 33,88€ y 45€ en concepto de gastos de gestión de sanción administrativa a los clientes sancionados con una multa de tráfico en el momento que tenían uno de sus vehículos en alquiler.

Avis hacía este recargo por gestionar el pago de la multa y comunicar a la administración la identidad de la persona infractora, una gestión a la que está obligada por ley, por lo que Consumo considera esta práctica abusiva.

La resolución del ministerio se apoya en la vulneración de los artículos 82, 87.5 y 87.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En concreto, considera que impone el pago de un servicio a la clientela que responde al cumplimiento de una obligación legal de la empresa y establece una carga económica desproporcionada que rompe el equilibrio contractual en perjuicio de la persona consumidora.

La resolución del departamento recuerda que la identificación del conductor responsable de una infracción constituye una obligación legal del titular del vehículo, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En el caso de las empresas de alquiler, esta obligación se cumple facilitando a la Administración la identidad de la persona arrendataria o, en su caso, el contrato de alquiler, por lo que no puede repercutirse a la clientela un coste adicional por realizar un trámite que la ley impone al titular del vehículo. Las prácticas han sido consideradas como "muy graves", al apreciarse circunstancias agravantes previstas en la ley.

Esta nueva sanción se suma a la lista de las ya impuestas desde noviembre de 2023, cuando Bustinduy relevó a Alberto Garzón como Ministro de Consumo. En noviembre de 2024, Consumo impuso una multa de 178,93 millones de euros a cinco aerolíneas low cost: Ryanair (107,78 M€), Vueling (39,26 M€), EasyJet (29,09 M€), Norwegian (1,61 M€) y Volotea (1,19 M€), por diversas prácticas abusivas, entre las que destaca el cobro del equipaje de mano.

Más de un año después, el ministerio apuntó hacia Airbnb, a la que impuso una multa de 64,06 millones de euros en diciembre de 2025 por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia o con información falsa o incompleta, entre otras infracciones.

Ya este año, Consumo sancionó con 3,6 millones a la empresa Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos, entre ellas trasladar gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato al arrendatario.

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