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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl Gobierno gallego considera que se invaden competencias propias de la comunidad autónoma con una norma de la que critica que no le deja apenas margen de maniobra El Constitucional levanta la suspensión de las normas de la Xunta de repotenciación eólica y dependencia que recurrió el Gobierno
La Xunta de Galicia acaba de anunciar que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto de las zonas de aceleración de renovables porque considera que invade competencias autonómicas. Abre con ello otra batalla con el Gobierno central por cuestiones de competencias, que ya han acabado judicializadas en casos como la normativa eólica o la gestión del litoral. El presidente gallego ha justificado la decisión como una “defensa del autogobierno en un sector especialmente sensible”.
El Gobierno gallego sostiene que el Estado tiene competencias en legislación básica en este sector, pero que el desarrollo corresponde a las comunidades, según recoge el Estatuto de Autonomía. El real decreto, añadió, es “tan detallado” que, “en la práctica, no deja margen de maniobra a la Xunta” para determinar dónde se pueden instalar los aprovechamientos de energías renovables.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, compareció junto a Rueda para explicar la decisión y aseguró que la norma lleva a que solo se podrían hacer estas instalaciones en el 0,16% del territorio, de manera “totalmente dispersa y contraria a lo que pide la Comisión Europea, que pide tener zonas suficientes y amplias”. Vázquez volvió a hacer referencia a que Galicia es la comunidad que más ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años, sin citar que la explicación está en que cerraron las dos centrales térmicas que funcionaban en la comunidad.
Las zonas de aceleración de renovables son zonas que se consideran especialmente adecuadas para la instalación de estas explotaciones. Según el decreto que ahora recurre la Xunta, la idea es dar prioridad a suelos industriales, urbanizados o artificiales, áreas degradadas, vertederos, canteras y minas clausuradas o corredores e infraestructuras energéticas o de transporte que ya existen. Los proyectos que se desarrollen en estas zonas no tendrán que someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario ni simplificado, aunque deben adoptarse antes medidas preventivas y mitigadoras. Sí será necesaria una evaluación ambiental estratégica de los planes por los que se designa alguna zona de aceleración de renovables.
La Xunta de Galicia acaba de anunciar que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto de las zonas de aceleración de renovables porque considera que invade competencias autonómicas. Abre con ello otra batalla con el Gobierno central por cuestiones de competencias, que ya han acabado judicializadas en casos como la normativa eólica o la gestión del litoral. El presidente gallego ha justificado la decisión como una “defensa del autogobierno en un sector especialmente sensible”.
El Gobierno gallego sostiene que el Estado tiene competencias en legislación básica en este sector, pero que el desarrollo corresponde a las comunidades, según recoge el Estatuto de Autonomía. El real decreto, añadió, es “tan detallado” que, “en la práctica, no deja margen de maniobra a la Xunta” para determinar dónde se pueden instalar los aprovechamientos de energías renovables.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, compareció junto a Rueda para explicar la decisión y aseguró que la norma lleva a que solo se podrían hacer estas instalaciones en el 0,16% del territorio, de manera “totalmente dispersa y contraria a lo que pide la Comisión Europea, que pide tener zonas suficientes y amplias”. Vázquez volvió a hacer referencia a que Galicia es la comunidad que más ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años, sin citar que la explicación está en que cerraron las dos centrales térmicas que funcionaban en la comunidad.
Las zonas de aceleración de renovables son zonas que se consideran especialmente adecuadas para la instalación de estas explotaciones. Según el decreto que ahora recurre la Xunta, la idea es dar prioridad a suelos industriales, urbanizados o artificiales, áreas degradadas, vertederos, canteras y minas clausuradas o corredores e infraestructuras energéticas o de transporte que ya existen. Los proyectos que se desarrollen en estas zonas no tendrán que someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario ni simplificado, aunque deben adoptarse antes medidas preventivas y mitigadoras. Sí será necesaria una evaluación ambiental estratégica de los planes por los que se designa alguna zona de aceleración de renovables.