Facua Cádiz ha denunciado la actitud de "absoluta falta de respeto institucional" del Ayuntamiento de El Puerto, que ha ignorado la resolución dictada por el Defensor del Pueblo Andaluz tras una queja presentada por la asociación en representación de uno de sus socios, obligando a esta institución a trasladar el caso al Parlamento de Andalucía.

La actuación del Defensor del Pueblo Andaluz constituye un serio reproche al comportamiento del Consistorio portuense. En la comunicación remitida a Facua, el Defensor informa de que el Ayuntamiento no ha respondido a la resolución emitida durante la tramitación del expediente, por lo que concluye expresamente que no acepta la resolución ni las consideraciones formuladas por la institución. Como consecuencia, la queja será incluida en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía como supuesto de falta de colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz.

La queja presentada por FACUA tenía su origen en la absoluta inactividad administrativa del Ayuntamiento ante varias reclamaciones formuladas por un socio de esta organización los días 19 de junio de 2016 y 17 de mayo de 2021, así como ante una solicitud de información sobre el estado de tramitación presentada el 10 de abril de 2023. Ante la ausencia de cualquier respuesta, los consumidores solicitaron nuevamente en octubre de 2024 que el Ayuntamiento cumpliera su obligación legal de resolver expresamente dichos procedimientos.

En su escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, Facua recordó que el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas obliga a todas las administraciones públicas a dictar resolución expresa dentro del plazo legal establecido para ello y que el artículo 53 reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que son interesados. Asimismo, la asociación solicitó que se identificara a los responsables de la tramitación de los expedientes, dado que el incumplimiento del deber de resolver puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias.

Para Facua resulta especialmente grave que el Ayuntamiento no solo mantuviera durante años el silencio administrativo frente a las reclamaciones, sino que posteriormente optara también por desatender los requerimientos formulados por el Defensor del Pueblo Andaluz, institución estatutaria encargada de velar por la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a las administraciones públicas.

La asociación considera que esta conducta evidencia "una preocupante falta de compromiso con los principios de buena administración, transparencia y sometimiento pleno a la legalidad". A juicio de esta organización, "ignorar una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz supone un desprecio hacia los mecanismos institucionales de control democrático y proyecta una imagen de opacidad e irresponsabilidad incompatible con el funcionamiento que debe exigirse a cualquier administración pública".

Facua recuerda que "el silencio administrativo no puede convertirse en un instrumento para eludir las obligaciones legales de las administraciones ni para impedir que los ciudadanos obtengan una respuesta motivada a sus reclamaciones. Resolver en plazo no constituye una facultad discrecional, sino un deber jurídico impuesto por la legislación administrativa".

La asociación exige al Ayuntamiento "que abandone esta actitud, asuma las conclusiones formuladas por el Defensor del Pueblo Andaluz y proceda de forma inmediata a resolver los expedientes pendientes, ofreciendo a los afectados una respuesta ajustada a Derecho tras años de espera injustificada". Por ello, se ha dirigido por escrito a los grupos municipales del Ayuntamiento solicitando su intervención en este asunto.