La convocatoria lanzada por Bruselas abre formalmente la competición para albergar estas infraestructuras, concebidas para dotar a Europa de capacidad propia de computación avanzada y reducir su dependencia tecnológica exterior. El plan prevé movilizar más de 30.000 millones de euros de inversión público-privada y adjudicar las instalaciones a principios de 2027.

Esta nueva convocatoria se enmarca en la estrategia InvestAI presentada por la Comisión Europea, con la que Bruselas pretende reforzar la capacidad europea en inteligencia artificial mediante una combinación de financiación pública e inversión privada. Según Bruselas, las futuras gigafactorías permitirán entrenar modelos avanzados de IA y facilitarán el acceso a recursos de computación para empresas, universidades, centros de investigación y administraciones públicas.

El debate trasciende el ámbito estrictamente tecnológico. Diversos análisis apuntan a que una gigafactoría requiere inversiones masivas en centros de datos, sistemas de refrigeración, suministro energético, redes de alta capacidad, almacenamiento y protección de datos, generando actividad económica en numerosos sectores asociados.

La propia Asociación Española de Data Centers (SpainDC) considera que la expansión del 'cloud', la digitalización y la inteligencia artificial están impulsando una nueva generación de infraestructuras digitales en España. Según las previsiones de la asociación, el sector de los centros de datos podría movilizar hasta 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta hasta 2030 y superar los 16.000 empleos asociados.

España figura entre los países que han mostrado interés en albergar una de estas infraestructuras europeas. La candidatura impulsada por un consorcio público-privado, que previsiblemente contará con la participación de Telefónica, ACS y Santander, plantea una inversión que podría rondar los 5.000 millones de euros y busca aprovechar activos como la red de fibra, el desarrollo de centros de datos, la disponibilidad energética y el ecosistema tecnológico nacional.

Para los defensores de estos proyectos, el objetivo no es únicamente disponer de más capacidad de computación, sino crear una cadena de valor que permita desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial para la industria, la sanidad, la energía, las infraestructuras o los servicios públicos, reforzando al mismo tiempo la autonomía tecnológica europea