BOGOTÁ – Una semana después del devastador terremoto que sacudió Colombia, la respuesta humanitaria entra en la fase de garantizar alimentos, alojamiento, agua, atención sanitaria y educación, mientras las comunidades recuperan hogares, medios de vida y acceso a servicios, señalaron agencias de las Naciones Unidas.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), el terremoto del 10 de agosto afectó a al menos 186 182 personas, pertenecientes a más de 121 000 familias, en 15 de los 32 departamentos y 472 de los 1103 municipios que tiene el país.

Hasta este martes 18 se habían reportado 304 muertes, 4548 personas heridas y 426 desaparecidas; más de 26 900 viviendas destruidas, 134 300 averiadas, 267 edificios colapsados, y se afectaron 300 centros de salud, 3400 educativos, 3900 comunitarios, así como 413 vías y 86 acueductos.

La población, instituciones nacionales y autoridades de diversos niveles se volcaron a tareas de socorro y asistencia desde la mañana del 10 de agosto. “La solidaridad mostrada inmediatamente después del terremoto ha sido extraordinaria”, observó Nils Grede, director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Colombia.

“Pero sabemos por experiencia que la recuperación no termina cuando disminuye la primera ola de apoyo. Será necesaria una asistencia humanitaria sostenida durante las próximas semanas y meses”, agregó Grede.

El PMA solicitó 23 millones de dólares para proporcionar asistencia alimentaria a 100 000 personas durante los próximos tres meses.

El impacto del terremoto también se extiende a la educación: más de 75 000 estudiantes ya no tienen garantizado el acceso seguro a sus escuelas, después de que, entre las instituciones educativas dañadas, 263 sufrieron colapsos totales o parciales o quedaran en riesgo inminente.

El Ministerio de Educación estima 448 000 cupos escolares se han visto afectados.

Los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas, en el oeste y suroeste del país, siguen siendo prioritarios por la magnitud de los daños.

Entre las necesidades más urgentes se encuentran medicamentos y suministros médicos, alojamiento temporal, alimentos, agua potable y saneamiento, además de apoyo educativo, comunicaciones de emergencia y rehabilitación de infraestructura.

Deslizamientos y daños en 16 carreteras y 10 puentes obstaculizan el movimiento de equipos humanitarios y suministros, especialmente en Chocó. En algunas zonas, grupos armados no estatales también pueden dificultar el acceso humanitario.

El terremoto ha golpeado algunas regiones que ya enfrentaban profundas vulnerabilidades, de acuerdo con el análisis de agencias de la ONU.

Antes del desastre, cerca de siete millones de personas en Colombia (un país de 53 millones de habitantes) sufrían inseguridad alimentaria moderada o severa. En Chocó y Valle del Cauca, dos de las regiones más afectadas, cerca de una de cada tres personas se encontraba en esa situación.

Estas regiones también han estado afectadas por el conflicto y el desplazamiento, factores que ahora se combinan con la pérdida de viviendas, ingresos y servicios esenciales.

En Chocó, unas 69 000 personas fueron afectadas en 29 municipios tras el terremoto, muchas de ellas pertenecientes a comunidades afrocolombianas e indígenas, y más de 3000 viviendas quedaron destruidas. En una jornada del fin de semana, el PMA distribuyó alimentos a unas 2000 personas.

En esa región el PMA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) han proporcionado paquetes de alimentos a unas 2000 familias afectadas, así como kits de higiene familiar, en tanto otros equipos trabajan en la instalación y mejora de duchas y baños para las personas alojadas en refugios temporales.

En Valle del Cauca, una región agrícola e industrial cuya capital es la ciudad de Cali, al menos 72.670 personas resultaron afectadas, con daños extensos en viviendas, centros de salud y escuelas.

En tres departamentos de occidental eje cafetero, donde murieron 120 personas a causa del sismo, la respuesta humanitaria se centra en las ciudades de Pereira y Manizales, donde se necesitan albergues temporales, rehabilitación de hospitales y escuelas y obras para estabilizar carreteras y mantener el acceso a los servicios.

Finalmente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó que el desplazamiento, la separación familiar y la pérdida de medios de vida pueden aumentar el riesgo de trata de personas, especialmente entre quienes se encuentran en albergues temporales o necesitan trasladarse en busca de ayuda.

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