Al margen de muchas otras derivadas de la crisis de Ceuta, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, definió este verano como un ataque a la "integridad territorial" de España, la de los menores migrantes que permanecen en la ciudad autónoma sigue sin resolverse, y enfrenta como nunca antes al Ejecutivo central y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas. Baste recordar las escuetas palabras de Sánchez la semana pasada, a la salida del pleno del Congreso de los Diputados, cuando interrogado por este particular afirmó: "Eso, a Vivas".

Las posiciones de máximos se cruzan entre la derecha, que desde el Partido Popular (PP) a Vox defienden que regresen a Marruecos "todos" lo que llegaron a territorio español los últimos días de julio a través del paso de El Tarajal, a las del Ministerio de Juventud e Infancia, cuya titular, Sira Rego, de Sumar, sostiene en sentido contrario que se tienen que quedar todos los que entraron.

La situación recuerda a la vivida hace dos años con la llegada de migrantes a Canarias, en número mucho menor al de ahora y sin que pudiera blandirse, como en este 2026, la hipótesis de un ataque de carácter "híbrido" por parte de un tercer país, especulación en la que la derecha y algunos aliados de izquierdas del PSOE no dudan en situar a Marruecos como la X de la ecuación. En aquella ocasión, en 2024, Santiago Abascal decidió romper unilateralmente todas las coaliciones que mantenía con el PP, algo que el presidente de Vox tuvo que implementar no sin severas resistencias internas en sus filas, y abrió así un año de enorme tensión con los populares.

Pero en estos momentos, la situación ha cambiado por muchas razones, entre ellas la coyuntura política nacional, en un curso marcado por las municipales y autonómicas de mayo de 2027 y por las generales que tendrán lugar antes, después o incluso el mismo último domingo de mayo, según decida Sánchez. Desde este agitado agosto, fuentes de Vox ya vienen dejando claro que se equivoca quien piense en una situación parecida. Es decir: que no habrá rupturas con el PP, con el que hay cuatro coaliciones muy recientes, de este mismo año, en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Aunque eso no quiere decir que la extrema derecha no trate de defender sus máximos, como el rechazo total a la acogida de los que siguen denominando "menas". Y en ese sentido, explican fuentes de los de Abascal, "exprimirán" al máximo las posibilidades que el marco legal les permita para defender ese posicionamiento, si bien admiten que con la legislación en la mano el margen es estrecho.

Con respecto a los menores, y mientras en el PP se admite que están llegando menores migrantes anteriores a la crisis de Ceuta a las distintas comunidades autónomas, Vox se queja de que se les presente como un partido que, a la postre, no defiende sus posturas cuando llega a gobernar, por ejemplo aceptando menores inmigrantes en sus territorios. "No se puede aceptar lo que no se puede rechazar", exclaman de manera gráfica al respecto. Si bien dejan claro que seguirán insistiendo en que con la misma ley de extranjería en la mano, la que precisamente se modificó (con su voto en contra) después de la crisis de 2024 en Canarias, se pueden hacer cosas para mitigar el reparto de menores inmigrantes solidariamente entre las autonómicas que a su juicio el Gobierno no hace, o no con la suficiente contundencia. Por ejemplo enviar más funcionarios a Ceuta para agilizar las filiaciones, lo que en la óptica de la extrema derecha debe implementarse con el objetivo de que los menores, sin distinción alguna, "vuelvan con sus padres", como repiten una y otra vez Abascal y los suyos.

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A nadie escapa que probablemente el discurso de Vox sería al menos sensiblemente distinto ante la crisis de Ceuta de no haber vuelto, y con tanta intensidad, a gobernar cuatro comunidades, entre ellas la más poblada de España, Andalucía, o la más extensa, Castilla y León. Pero esa ha sido, de momento con todas las consecuencias, la renovada apuesta de Abascal tras los fallidos acuerdos de coalición de 2023.

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