La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial investigará al juez de Madrid David Mamán, que instruye entre otras la causa contra el exDAO de la Policía por supuesta agresión sexual a una subordinada, al ver posible responsabilidad disciplinaria en unas manifestaciones que vertió durante un curso en las que, a juicio de la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, "trivializó" la violencia machista y cuestionó la credibilidad de las víctimas.

Así, se ha decidido incoar expediente disciplinario por una posible falta de desconsideración. Las declaraciones del magistrado, realizadas el pasado 18 de febrero en un acto formativo en el Colegio de la Abogacía de Madrid, se consideraron por el Gobierno incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción a la ley exigibles a un juez.

En este asunto, la mayoría de la Permanente ha actuado en contra del criterio del Promotor de la Acción Disciplinaria, que propuso el archivo de la diligencia informativa abierta en su día, al considerar que las manifestaciones objeto de queja estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión del magistrado y por ello no deberían considerarse constitutivas de ninguno de los tipos disciplinarios contenidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

El acuerdo ha sido aprobado con el apoyo de los progresistas, que han precisado con el voto de calidad (doble) de la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, mientras que cuatro vocales del ala conservadora se han mostrado en contra y han formulado voto particular.

Para los vocales José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal, el asunto debería haber sido archivado este martes por la Permanente. En su voto particular al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, apoyan los razonamientos del promotor, Ricardo Conde y recuerdan que la Constitución y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establecen el derecho a la libertad de expresión "sin que pueda existir injerencia de autoridades públicas".

Los vocales designados a propuesta del TC también recuerdan una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que reitera que los motivos legítimos de injerencia en el derecho a la libertad de expresión tienen como límite seguridad nacional, integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Entienden que las palabras del juez Maman no pueden incluirse en ninguno de ellos.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló / Isaac Buj - Europa Press

El asunto llegó al órgano de gobierno de los jueces a finales del pasado mes de abril, cuando Igualdad pidió que se valorara el impacto de las manifestaciones del magistrado en la “garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus hijos, así como de las mujeres y niñas víctimas de violencias sexuales, conforme al ordenamiento jurídico y los estándares internacionales aplicables”.

Mamán había manifestado que muchas denuncias de mujeres “no tienen demasiado sentido”, que existe una “caza de la orden de protección”, que el sistema concede “tantas ventajas” a las mujeres al denunciar, así como que las mujeres son “enemigas acérrimas” de la custodia compartida y que las madres manipulan a los hijos (“lavado de coco”) contra su padre.

Para la el Ministerio comandado por Ana Redondo, y para casi un centenar de asociaciones que reaccionaron ante lo ocurrido, estas palabras cuestionan de forma implícita la credibilidad de las víctimas y “alimenta el bulo de las denuncias falsas”, además de desacreditar la finalidad protectora de las medidas judiciales (custodia u órdenes de protección).

Así desde el Gobierno se veía una posible falta grave conforme al artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por abuso de autoridad o falta de consideración, además del incumplimiento del deber de neutralidad e imparcialidad, lo que conllevaría una multa de hasta 6.000 euros.

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