La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Tarragona mantiene el caso Montoro en manos del juez que abrió la causa, Rubén Rus Vela, al considerar que no es el organo judicial que debe resolver la cuestión de competencia entre el juzgado catalán y otro de Madrid, pues debería ser el Tribunal Supremo. De esta forma, el procedimiento lo mantiene el instructor de Tarragona.

"En este caso, seríamos competentes si la cuestión se planteara entre distintos órganos de instrucción de la misma provincia; entonces, el órgano inmediato superior común sería nuestra Audiencia Provincial. Sin embargo, planteándose la controversia entre los órganos de instrucción de Tarragona y los de Madrid; es decir, entre órganos de instrucción de distintas comunidades autónomas del territorio español; el órgano inmediato superior común no es ni la Audiencia Provincial ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia catalán sino el Tribunal Supremo", dice de forma literal el auto, de fecha 21 de septiembre.

Sin embargo, la Audiencia de Tarragona advierte de que el juez "ha elevado y está elevando los recursos de apelación que penden frente a resoluciones trascendentes de la causa. Por ejemplo, los interpuestos frente al auto de 16 de abril de 2026 en que el órgano instructor se declara competente para conocer de la causa".

Por ello, los magistrados Cristina Poch Jiménez (presidenta), María del Mar Escoda Merino y Francisco Javier Sánchez Benito recuerdan en su auto que "la competencia puede discutirse por estos dos cauces procesales, que pueden confluir", el Supremo y la propia Audiencia de Tarragona con este nuevo recurso: "Aunque no resulta lo más prudente mantener dos procedimientos paralelos para resolver la misma cuestión, puesto que puede dar lugar a resoluciones contradictorias".

Esta resolución se adopta tras deliberar este lunes sobre un recurso sobre la competencia de la causa en la que se investiga al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y otros ex altos cargos de Hacienda por un supuesto tráfico de influencias para conseguir normas tributarias beneficiosas a cambio de contratar el bufete que el primero fundó, Equipo Económico.

Jorge Piedrafita abogado de ADIVE, acusación popular en la causa, se muestra "satisfecho" porque la causa se mantiene en Tarragona bajo la instrucción del magistrado Rus. Para este letrado, el recurso de competencia que interpuso Equipo Económico "era una petición claramente deficiente jurídicamente y se podrá seguir refutando con un amplio sustento jurisprudencial donde corresponda por la acusación, abortando la enésima artimaña de los investigados de confundir, complicar y dilatar la causa en la que cada vez Montoro y su círculo están más cercados".

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