El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avala la autorización ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria en el Sur de Gran Canaria, porque considera que las afecciones ya fueron evaluadas. La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima de esta forma el recurso presentado por la organización Turcón-Ecologistas en Acción contra la autorización y declaración de utilidad pública. También afianza la resolución de la dirección general de Energía de diciembre de 2021 y la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable que sustenta la obra de construcción de esta infraestructura, promovida por Red Eléctrica y con una inversión de casi 600 millones de euros para aprovechar los dos embalses ya existentes en una gran central hidroeléctrica reversible.

El grupo ecologista Turcón cuestionaba en su denuncia principalmente la evaluación ambiental realizada. Entre sus argumentos figuraban las posibles afecciones al patrimonio geológico, la salud de la población, las aguas superficiales y subterráneas, el régimen hídrico, la ZEC Macizo de Tauro II, el Pinar de Tauro y distintas especies protegidas, además de denunciar una supuesta falta de evaluación integral de los efectos acumulativos y sinérgicos.

El tribunal considera que el colectivo ecologista no aportó una prueba pericial técnica suficiente capaz de desvirtuar la declaración ambiental. Aunque la demanda incorporó 51 documentos de diversa naturaleza, la Sala echa en falta un informe técnico pericial contradictorio, detallado y riguroso que demostrara que la evaluación ambiental era errónea o insuficiente. Según los jueces, no basta con cuestionar jurídicamente las conclusiones de la declaración de impacto cuando se apoyan en una evaluación técnica previa.

Obras en uno de los canales de Chira Soria / ANDRES CRUZ

La Sala considera además que el estudio sí analizó al detalle las afecciones ambientales del proyecto, como es el caso del medio marino, atmósfera, suelo, subsuelo, geodiversidad, aguas, vegetación, fauna, hábitats, Red Natura 2000, paisaje, patrimonio cultural y efectos acumulativos y sinérgicos, entre otros aspectos.

Otro argumento relevante es que la declaración no supone una autorización ambiental sin condiciones. Fue aprobada con 14 medidas correctoras, un programa de vigilancia ambiental y una comisión técnica de seguimiento en la que participan Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Red Eléctrica. Esa vigilancia puede dar lugar incluso a nuevas exigencias durante el desarrollo del proyecto.

Sobre los efectos acumulativos y sinérgicos, el TSJC concluye que sí fueron estudiados. La evaluación analizó un área de unos 210 kilómetros cuadrados, correspondiente fundamentalmente a la cuenca del barranco de Arguineguín y su frente marino, e incorporó además infraestructuras externas como líneas eléctricas, subestaciones, concesiones mineras, una depuradora, un parque fotovoltaico y la autopista.

El tribunal también detecta problemas procesales en el recurso de Turcón. REE cuestionó su legitimación y sostuvo que algunos argumentos habían sido introducidos por primera vez ante los tribunales, y no durante la vía administrativa. Pese a ello, la Sala adopta una interpretación favorable al derecho a recurrir, basada en el principio pro actione, y decide estudiar también esas cuestiones en vez de inadmitirlas.

Por todo ello, el tribunal rechaza íntegramente el recurso, no anula ni la autorización administrativa ni la declaración de impacto ambiental y condena a Turcón al pago de las costas procesales.

La resolución del 2 de julio dada a conocer ayer no era firme, y puedo presentarse un recurso de casación en un plazo de 30 días hábiles, ante el Tribunal Supremo si se invocan normas estatales o de la Unión Europea, o ante la sección especial del propio TSJC si se fundamenta en normativa autonómica.

El proyecto persigue aprovechar el desnivel existente entre las dos presas. Por un lado, la de Chira, situada a unos 875 metros sobre el nivel del mar; y, por otro, la de Soria, ubicada a unos 610 metros de altitud, con lo cual existe un salto hidráulico suficiente para convertir la energía potencial del agua en electricidad. Cuando el sistema esté plenamente operativo, una central hidroeléctrica permitirá elevar la penetración de energías renovables en Gran Canaria hasta superar el 50%, además de aportar una capacidad de almacenamiento energético de unos 3,5 gigavatios hora, según el proyecto, que además incluye una desaladora en la costa.

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La obra aumentará la penetración de energía renovable en el sistema, pasando del 25% actual a un 52%. Y también podrá almacenar 3,6 gigavatios, el equivalente a unas 16,5 horas de autonomía. Para hacerlo posible, es imprescindible la central hidroeléctrica, de 200 megavatios de potencia.

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