El Ayuntamiento de Mogán encargará un informe técnico externo para fundamentar las alegaciones que presentará contra el proyecto de instalación de jaulas marinas para acuicultura en el litoral de La Aldea de San Nicolás. El Consistorio considera que esta actividad puede generar riesgos para el ecosistema marino y afectar a la costa de municipios limítrofes, por lo que trabajará conjuntamente con el Ayuntamiento aldeano para oponerse a la iniciativa.

La decisión se produce tras la apertura del periodo de alegaciones dentro del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria que tramita actualmente el Gobierno de Canarias. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, explicó que el objetivo es contar con un análisis independiente que permita evaluar las posibles afecciones del proyecto y respaldar las observaciones que ambos municipios presentarán durante el proceso.

“Solicitaremos un informe externo para presentar alegaciones al proyecto de acuicultura que se va a llevar a cabo en La Aldea”, señaló Bueno, quien recordó que Mogán ya participó en la movilización ciudadana contra estas instalaciones, una protesta que reunió a unas 1.000 personas. La regidora insistió en que la oposición de ambos ayuntamientos responde, entre otros motivos, a que “somos municipios limítrofes”.

Mogán participó en la movilización ciudadana contra las instalaciones, una protesta que reunió a unas 1.000 personas

La alcaldesa también cuestionó la actuación del Cabildo de Gran Canaria durante la tramitación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC). Aunque el Pleno insular aprobó el pasado 26 de junio una moción de rechazo al proyecto y pidió al Gobierno de Canarias paralizar o dejar sin efecto las autorizaciones, Bueno considera que ese pronunciamiento llegó tarde y no tuvo efectos jurídicos sobre el procedimiento.

Manifestantes en La Aldea. / Greenpace Canarias

Según Bueno, la falta de alegaciones en esa fase del procedimiento ha obligado ahora a los ayuntamientos afectados y a colectivos ecologistas a intervenir para intentar frenar la instalación. “Nos vemos ahora en la tesitura de presentar informes para intentar evitar que esa planta se coloque en La Aldea de San Nicolás”, indicó.

El Ayuntamiento de Mogán también ha puesto sobre la mesa el precedente de las jaulas marinas de Salinetas, en Telde, cuyos episodios registrados el pasado año tuvieron consecuencias en la costa moganera. “Lo ocurrido en Telde afectó a las playas de nuestro municipio”, recordó Bueno, quien considera que una situación similar podría repetirse con una nueva explotación acuícola cercana.

La alcaldesa subrayó además que cualquier afección al litoral puede tener consecuencias económicas para Mogán, un municipio cuya actividad está estrechamente vinculada al turismo. “Vivimos del turismo y cualquier accidente en nuestra costa puede tener repercusiones sobre uno de nuestros principales sectores económicos”, afirmó.

Bueno también criticó el modelo de explotación previsto y defendió que los posibles beneficios no compensan, a su juicio, los riesgos ambientales. “Estamos hablando de un negocio de multinacionales que vienen a instalarse aquí en Gran Canaria, pero esa riqueza y esos ingresos no se quedan en Canarias mientras nosotros ponemos en riesgo el ecosistema de las islas”, señaló.

El proyecto de acuicultura de La Aldea continúa actualmente en fase de evaluación y autorización por parte del Gobierno de Canarias. La alcaldesa reconoció que la presentación de alegaciones no supone automáticamente la paralización de la iniciativa, ya que dependerá del cumplimiento de los trámites exigidos por la administración autonómica.

“Llegamos tarde porque en su día por parte del Cabildo de Gran Canaria no se presentaron alegaciones al Plan Territorial”, afirmó Bueno, aunque defendió la necesidad de actuar ahora dentro del plazo abierto para que las administraciones puedan presentar sus informes.

Mogán y La Aldea de San Nicolás preparan así sus respectivas alegaciones con el objetivo de que se tengan en cuenta los posibles impactos ambientales y económicos de la instalación. Bueno insistió en que el propósito es “intentar frenar un negocio que para el medio ambiente y la economía de las islas puede generar más pérdidas que beneficios”.