Un cónclave contra la infancia (y la adolescencia)

Дата публикации: 11-09-2026 04:00:35

El 20 de enero de 2017, Donald Trump tomó posesión por primera vez de la presidencia de los Estados Unidos, una fecha señalada para este artículo. Esta toma de poder, entre otras cosas, fue el pistoletazo de salida de una ofensiva global contra los derechos de los más jóvenes.  En aquella primera legislatura, la imagen de las jaulas con menores en la frontera recorrió el mundo. El entonces “zar de la frontera”, Kris Kobach, y la política de tolerancia cero frente a la inmigración separaron a miles de niños de sus familias y los encerraron en centros de detención cuyas condiciones fueron calificadas como inhumanas. La indignación fue enorme. Pero la indignación, sin memoria, no basta. Lo que vino después fue aún peor. Durante el primer año del segundo mandato de Trump, el número de menores bajo custodia del ICE a nivel nacional se multiplicó. Según una investigación de The Marshall Project, más de 6.200 niños fueron detenidos en ese periodo, enfrentando condiciones descritas por sus defensores como dañinas: atención médica deficiente, alimentación inaceptable y nulo acceso a la educación. Esta actuación golpeó con dureza a la primera infancia: se estimó que al menos 500 de los pequeños recluidos en estos centros de detención tenían 3 años o menos. Pero Estados Unidos no es una anomalía. Es un laboratorio. Y sus experimentos se exportan. El pasado agosto, el Parlamento sueco aprobó reducir la edad de responsabilidad penal a los 14 años, con el apoyo de 281 legisladores, incluidos los socialdemócratas de la oposición. El gobierno, sostenido por el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, había intentado bajarla incluso a los 13 años, pero no consiguió mayoría suficiente. Suecia, referente histórico en protección de la infancia, pone ahora a adolescentes de 14 años en la misma cadena que los adultos, aunque sea con penas más cortas. En El Salvador, la regresión ha ido todavía más lejos. El presidente Nayib Bukele firmó en abril de 2026 una reforma que permite la cadena perpetua para menores a partir de los 12 años, eliminando los topes de internación que existían hasta entonces. Según Human Rights Watch, muchos de los niños detenidos no tienen relación aparente con las pandillas ni con actividades criminales. En prisión sufren hacinamiento, mala alimentación y les niegan el acceso a abogados y familiares. Un sacerdote activista por los derechos humanos en El Salvador lo explicó con crudeza en el podcast Carne Cruda: hay niños encarcelados únicamente porque sus padres eran o habían sido delincuentes. El pecado original trasladado al código penal.Y luego está Gaza. Aquí las cifras dejan de ser política y se convierten en catástrofe. Según UNICEF, en los dos años transcurridos desde el inicio de la ofensiva israelí, al menos 64.000 niños y niñas han muerto o resultado mutilados en la Franja de Gaza, entre ellos más de 1.000 bebés. En promedio, un niño es asesinado cada hora desde hace dos años, según el portavoz adjunto de UNICEF. Las fuerzas israelíes han dañado el 97% de las escuelas y el 94% de los hospitales, y los niños tienen siete veces más probabilidades de morir por heridas de explosión que los adultos.  España no es ajena a esta tendencia, aunque sus formas sean más silenciosas: aquí la ofensiva no se ejecuta con rejas, sino mediante el desmantelamiento del futuro. Desde 1998, se han creado 27 nuevas universidades privadas en nuestro país mientras no se ha abierto ni una sola pública. Mientras la universidad pública pierde alumnos e inversión, las privadas se han multiplicado, acaparando, según el portal Universidad, sí, entre el 60 y el 85% de las plazas en los másteres obligatorios para ejercer profesiones como la abogacía, la arquitectura o la docencia. La historia se repite en la Formación Profesional, donde la falta de plazas públicas deja cada año a miles de jóvenes en listas de espera sin poder estudiar lo que desean. El ascensor social no se ha estropeado por accidente: se está privatizando paso a paso. ¿Qué tienen en común todas estas realidades? A primera vista, parecen fenómenos dispersos: la política migratoria de una superpotencia, la respuesta punitiva de un país nórdico, la guerra contra las pandillas en Centroamérica, la masacre en Oriente Medio o el bloqueo educativo en el sur de Europa. Pero hay un hilo conductor que los atraviesa todos: la clase social. Los niños encerrados en la frontera tejana, los adolescentes juzgados como adultos en Suecia, los jóvenes encarcelados sin pruebas en San Salvador, los niños vulnerados en Gaza y los estudiantes españoles expulsados de la universidad pública comparten el mismo origen vulnerable. Ninguno de ellos pertenece a las élites económicas. La decisión, consciente o no, es tratar a la infancia y a la adolescencia de la clase trabajadora no como sujetos de derechos, sino como objetos de control, mercancías o simples daños colaterales. Y esto no es un accidente ni un problema de falta de recursos: es una decisión política. Desde su aprobación en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas nunca había estado tan en cuestión._________________Diego Miguez Lois es socio de infoLibre.

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