La Junta de Andalucía planea exigir un B1 o superior en inglés, francés y alemán para acceder a un puesto de funcionario en la Administración de la comunidad. La medida se pretende aplicar a los aspirantes de todos los cuerpos. El requisito de las competencias en lengua extranjera ya ha sido abordado con los sindicatos en la mesa sectorial, que descarta exigirlo en los procesos para la OEP (oferta de empleo público) de 2024 y 2025, pero no para convocatorias posteriores. Lógicamente, la posible implantación de este requisito ha suscitado el recelo, si no directamente el rechazo, por parte de los representantes de los trabajadores. Pero el Gobierno autonómico debe estar a la altura de las exigencias y las necesidades para prestar unos servicios públicos de calidad, en una sociedad cada vez más globalizada y en un territorio que, precisamente, no vive en una burbuja ajena al exterior. En Andalucía reside casi un millón de extranjeros. Cada año recibe gracias al turismo más de 14 millones de viajeros internacionales. Por no hablar de las más de 3.000 empresas, con un 100% de capital foráneo, que operan en la región y con la captación de una inversión de otros países que en el primer semestre de este año superó los 900 millones, según los datos oficiales de la propia Junta. Además no estamos ante una maniobra extraña ni carente de justificación. Todas las universidades públicas de Andalucía exigen a sus estudiantes que acrediten un nivel de B1 en un idioma extranjero para que se les pueda expedir el título oficial de Grado. No debe ser la Administración andaluza un reducto que permita el acceso para sus puestos laborales a trabajadores peor formados que en otros ámbitos. Y desde luego delimitar dónde es útil un idioma y dónde no resulta absurdo. La Junta debe seguir adelante con su pretensión. Eso sí, debe ofrecer unos plazos razonables para no penalizar a aquellos opositores que por edad necesiten un mayor esfuerzo y tiempo para competir en condiciones de igualdad.