La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha exigido al Gobierno que incorpore en el decreto de vivienda previsto para el próximo martes la obligación de que los arrendadores acrediten una causa justificada para no renovar los contratos de alquiler. En caso de no presentar motivos válidos, los propietarios deberían indemnizar a los inquilinos desalojados.

La portavoz de la organización, Carme Arcarazo, ha presentado en rueda de prensa el denominado decreto Maricarmen, que incluye cinco medidas estructurales diseñadas para estar "a la altura del momento político". Este paquete de propuestas ha sido trasladado al Ministerio de Vivienda con el objetivo de transformar profundamente el mercado del alquiler en España.

Las reivindicaciones incluyen medidas estructurales contra los desahucios, reformas a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres de temporada y habitaciones, prórrogas efectivas de los contratos vigentes y congelación de las rentas al 0% en las actualizaciones anuales. Todas estas demandas ya fueron planteadas en julio y están contempladas parcialmente en el borrador que negocia el Gobierno, salvo la renovación automática con indemnización por cese injustificado.

Según Arcarazo, en numerosos países europeos los contratos de alquiler son indefinidos y existe prohibición expresa de expulsar inquilinos sin justificación. Este modelo va más allá de la renovación automática propuesta por el sindicato, siguiendo la fórmula que, según afirma, se implantará próximamente en el Reino Unido.

"Tenemos que ir a un sistema de alquileres estables y que los contratos se renueven automáticamente y, si no se quiere renovar, que se indemnice al inquilino, como en los trabajos", ha afirmado la portavoz. La propuesta contempla indemnizaciones de un mes por cada año que el inquilino haya residido en la vivienda.

Arcarazo ha confirmado que mantiene una ronda de reuniones con partidos políticos para presentar su propuesta, asegurando que hasta el momento la respuesta es positiva por parte de las formaciones consultadas. Junto a ella comparecieron Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, y Tobías Gralke, portavoz de DWE, la campaña por la expropiación de vivienda de megatenedores en Berlín.

Del Río ha llamado a "desbordar las calles" de Madrid en la manifestación convocada para el sábado a las 18:30, que partirá desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los diputados. El desahucio de Maricarmen, de 87 años, se ha convertido en un "símbolo" y un "punto de no retorno" para el movimiento inquilinario.

Según la portavoz madrileña, han recibido más de 2.000 solicitudes de personas interesadas en inscribirse en el sindicato, además de peticiones para crear seis sindicatos nuevos en España y nodos en diferentes barrios.

Del Río ha confirmado que, además de la oferta de una donante anónima la tarde anterior al desahucio para completar la cantidad solicitada por los propietarios, desde la ejecución del lanzamiento les están llegando "decenas de propuestas diversas" para ayudar a la anciana desalojada. "Hay gente que le ofrece una habitación, gente que le ofrece un piso entero, gente que le ofrece pagarle el alquiler, incluso grupos de personas que entre ellos ofrecen pagarlo", ha relatado la portavoz del sindicato madrileño.

Maricarmen ha mandado desde el hospital, donde se encuentra "débil", un mensaje de agradecimiento a todos los que han participado en las movilizaciones para parar su desahucio: "No ha podido ser, pero por favor luchad".

En un vídeo publicado en la red social X por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Maricarmen ha lamentado no haber podido defender su casa, aunque sí ha conseguido, en sus palabras, "luchar para que los demás aprendan a luchar por su casa". "Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir luchando", ha defendido desde el hospital.

La anciana de 87 años ha agradecido el apoyo a "todos los niños", a los amigos que no la han dejado "ni un momento sola", al sindicato y a su abogada, que "se ha jugado" muchas horas de trabajo para intentar "salvar" su casa. El sindicato ha informado de que Maricarmen, tras dos noches en el hospital, "está en planta, está acompañada" y "por el momento no se plantea que le den el alta".

El Ministerio de Vivienda reconoce que trabajan para que el próximo martes el decreto de vivienda vaya al Consejo de ministros, mientras aumenta la presión de Sumar para que no se dilate más. La intención inicial era aprobar este decreto en julio, pero la falta de apoyos parlamentarios provocó sucesivos retrasos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avisado que el decreto con medidas para evitar situaciones como la de Maricarmen debe aprobarse el martes y que no concibe otro escenario. "Hay momentos en política que son determinantes y decisivos y que hay que actuar. El Gobierno tiene que estar a la altura", ha señalado en una entrevista en RNE.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha insistido en que "hay margen" para que el Consejo de ministros apruebe el martes el decreto y ha celebrado el regreso de Junts a las conversaciones. "Tenemos que tratar de construir un decreto donde todo el mundo se sienta reflejado", ha dicho en la Cadena Ser, asegurando que el Gobierno está dispuesto a debatir sobre las bonificaciones fiscales que pueda proponer Junts.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Bilbao, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha confirmado que el Gobierno mantiene conversaciones con "todos los grupos parlamentarios que desean llegar a un acuerdo" en esta materia y "no sólo con Junts", con el objetivo de llevar el martes al Consejo de ministros un real decreto ley con un "paquete de medidas potente y completo".

Bolaños ha reclamado a los partidos del Congreso "altura de miras" y "responsabilidad" para aprobar un real decreto ley con medidas "potentes" que faciliten el acceso a una vivienda asequible y eviten desahucios "tan traumáticos" como el de Maricarmen.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este viernes que el problema de la vivienda en España "sólo se puede solucionar construyendo más de un millón de viviendas nuevas". "Sólo así podemos rebajar los precios de la vivienda", ha añadido tras la clausura en Madrid del Campus FAES junto al ex presidente del Gobierno y de su partido José María Aznar.

Preguntado por la prensa sobre el desahucio de Maricarmen, Feijóo ha apuntado que le ha parecido "descorazonador". "Utilizar a Maricarmen para hacer política yo no lo voy a hacer, para eso ya está el Gobierno", ha agregado, antes de señalar que en España hubo el año pasado más de 24.000 desahucios y que "el precio de la vivienda está imparable, tanto para compra como para alquiler".

Como "han pasado ocho años de Gobierno" de Sánchez, ha añadido: "Pido una oportunidad para solucionar el problema de la vivienda".

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "a la ultraizquierda nunca le han importado" los desahucios y por eso "no ha hecho nada" en ocho años, además de criticar que quieran "desviar la atención" de Ceuta.

"Le interesaba desviar la atención de Ceuta mientras lo intenta solucionar de manera chapucera. Pero todos han ido detrás del señuelo: medios, políticos, plataformas a sueldo", ha señalado la dirigente autonómica a través de redes sociales. Frente a ello, Díaz Ayuso ha aseverado que España "sigue invadida y aislada" de los principales países occidentales, pero ha criticado que solo se considere importante "lo que indique el aparato gubernamental".