El final precipitado de la anterior legislatura dejó en un cajón la aprobación de la Ley de Turismo Sostenible, un nuevo marco legal que entre otras cuestiones refuerza las posibilidades de inspección y sanciones hasta las viviendas turísticas ilegales que podrían alcanzar hasta los 600.000 euros, una cuantía considerada excesiva por parte del sector. Aunque solo faltaba su aprobación definitiva en el Pleno, al suspenderse la sesión en este nuevo curso político debe retomarse en su tramitación prácticamente desde cero. Un proceso que ahora tiene al frente a otro partido político y a otro consejero, el líder de Vox Manuel Gavira.

La Consejería ya ha anunciado que entre sus planes inmediatos está retomar este proyecto legislativo tomando como punto de partida el proyecto que elaboró el equipo de su predecesor, Arturo Bernal. Pero el texto no se mantendrá idéntico. Habrá cambios. "Vamos a tramitar la Ley de Turismo Sostenible, aunque se introducirán correcciones porque se pueden mejorar algunas cosas", apuntó Gavira durante su primera comparecencia en comisión parlamentaria quien puntualizó que durante toda la tramitación hubo propuestas e iniciativas del sector que se tendrán en cuenta.

La Consejería de Turismo también retomará uno de los planteamientos expuestos en repetidas ocasiones por el equipo de su predecesor: la necesidad de más inspectores, para lo que es necesario un incremento de la plantilla. "Debemos garantizar un cumplimiento riguroso de la legalidad. Hacen falta más inspectores para combatir las ilegalidades", apuntó el consejero en referencia a uno de los puntos que figuran dentro de los objetivos trazados en la Ley de Turismo Sostenible pendiente de aprobación.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Manuel Gavira / JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE / Europa Press

La Ley de Turismo Sostenible había implicaba el reconocimiento por primera vez a nivel autonómico de las viviendas como alojamientos turísticos equiparables a los hoteles, un paso que ya han dado los ayuntamientos a través de sus normativas municipales. A partir de ahí, reforzaba los instrumentos de ordenación ya adelantados en el plan de medidas extraordinarias en materia de vivienda aprobada a principios de año en relación con el control del acceso al registro turístico o la capacidad de los ayuntamientos de actuar en aquellas zonas que se encuentren saturadas.

Al mismo tiempo introducía nuevas sanciones que se dividen en tres categorías y pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros. Así, la prestación de un servicio de alojamiento clandestino podría tener una multa mínima de 25.000 euros y máxima de 100.000 euros mientras que si se ha realizado el expediente para obtener la autorización aportando datos falsos en la declaración responsable la multa puede llegar al importe máximo de 600.000 euros.

La Ley de Turismo Sostenible además establece un marco jurídico claro en torno a las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos en torno a la ordenación de los usos turísticos. Con este documento, las ciudades tendrán margen para ampliar sus medidas y los anuncios realizados hasta el momento por ciudades como Sevilla o Cádiz tendrán cobertura legal.

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En primer lugar, la nueva normativa turística habilita a los ayuntamientos para elaborar un "plan de ordenación de los recursos turísticos" un concepto amplio que permitirá, de acuerdo con la redacción del articulado, "delimitar zonas y ámbitos turísticos, identificar necesidades de infraestructuras o servicios y, sobre todo, establecer una capacidad máxima de plazas de alojamiento que podrá desagregarse por zonas o tipos de servicios". Es decir, se podrá determinar a través de nuevos instrumentos cómo ordenar las plazas para cumplir los objetivos turísticos y al mismo tiempo intervenir cuando afecten a la convivencia.

Fuente: El Correo de Andalucía