Un encuentro del Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia advirtió que el hostigamiento a una jueza que se negó a imputar a un chico de 14 años funciona como advertencia para toda la judicatura.

Una sentencia puede criticarse, discutirse y recurrirse. Otra cosa es la intimidación, la represalia o el desprestigio personal de quien decidió. Sobre esa distinción se organizó el encuentro virtual que el Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia realizó el viernes 25, con más de 150 participantes y el apoyo de la Red de Juezas y Jueces Penales. El motivo fue la presión pública e institucional sobre la jueza Laura de Marinis, integrante del Foro, tras su decisión de no imputar a un adolescente de 14 años.

Ana Casal, del Foro, abrió con una advertencia. No toda presión sobre una magistrada es violencia de género, dijo, pero sí lo es cuando busca condicionar cómo las mujeres ejercen el poder público. Recordó además que la Corte Interamericana pidió a las altas autoridades que sus declaraciones no se conviertan en presión sobre los jueces. Las redes, agregó, amplifican y aceleran esos discursos.

La relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, puso el caso en un marco global: una nueva era de autocratización. Describió a los liderazgos que ganan apoyo señalando chivos expiatorios y luego culpan a los jueces por no resolver esos supuestos problemas. Enumeró cuatro mecanismos contra la Justicia independiente. La captura del sistema de designaciones. El recorte de competencias y presupuesto. La instrumentalización de procesos disciplinarios y penales. Y el uso del descontento popular como arma. Que altos funcionarios denigren a jueces individuales, sostuvo, equivale a una amenaza.

La jueza porteña Karina Andrade corrió el eje del corporativismo a la ciudadanía. Planteó que la independencia no es un privilegio de los jueces, sino el derecho de toda persona a ser juzgada sin presiones. Si la Corte es el último bastión del Estado de derecho, los juzgados de primera instancia son el primero. Andrade citó la comunicación que la Relatoría dirigió a la Argentina el 11 de julio de 2025 por un patrón de hostigamiento a jueces. También recordó su propia experiencia en la causa de la marcha de jubilados, donde la crítica derivó en denuncia penal y campaña de estigmatización. En una democracia constitucional, señaló, no solo importa quién decide, sino también qué no puede decidirse.

Marcela Ruiz, presidenta de la FAM, habló de una escalada en los casos recientes de Karina, Marta y Laura. Mencionó incluso la difusión del teléfono de un juzgado. Los tres ataques más fuertes fueron contra mujeres, y a su juicio no es casual. Propuso no replicar los agravios, mostrarse junto a las colegas atacadas y construir una contranarrativa, porque “en soledad no podemos”.

El foro anunció nuevas actividades con la relatora para el año próximo. De fondo queda una pregunta que excede el caso: qué pasa con los derechos de todos cuando un juez decide con miedo.