Las operadoras de 'bicisharing' privado Lime, Bolt, Cooltra, Donkey Republic, Bird, RideMovi y Voi dejarán de tener licencia para operar en Barcelona a partir de enero de 2027. El elevado número de sanciones fue decisivo para que el alcalde Jaume Collboni anunciara la decisión en junio, además de señalar que el servicio debía "priorizar al residente", que representaba solo el 10% de sus usuarios. Sin embargo, las operadoras no están del todo de acuerdo con las explicaciones del ayuntamiento.

Según datos proporcionados a EL PERIÓDICO por Bolt, una de las empresas afectadas, el porcentaje de usuarios locales se sitúa aproximadamente del 40% de locales frente a un 60% de visitantes, una cifra bastante dispar con la que proporcionó el consistorio. Pero "el debate no debería plantearse en términos de 'turistas frente a residentes'", defiende la compañía, sino en si Barcelona debe reducir opciones de movilidad sostenible "cuando existen medidas regulatorias y operativas disponibles para mejorar el servicio".

Manuel Ortiz, Senior Public Policy Manager de Bolt para España y Latinoamérica, sostiene que todas las siete operadoras que cuentan con 3.500 licencias repartidas equitativamente funcionan como un complemento a Bicing y contribuyen a ampliar las alternativas de movilidad disponibles a la ciudad. Según defiende, estos servicios proporcionan un acceso inmediato y flexible a las bicicletas y permiten responder a necesidades concretas de desplazamiento, cubriendo perfiles de movilidad que el servicio público no está diseñado para atender, especialmente en el caso de aquellos usuarios que no pueden acceder a Bicing o que necesitan una opción puntual para moverse por Barcelona.

Otro de los puntos que expone la compañía es su impacto positivo en términos medioambientales. Según sus datos, el 'bicisharing' privado ha acumulado desde enero de 2025 un total de 3,2 millones de trayectos en la ciudad que habrían implicado el ahorro potencial estimado de alrededor de 1.100 toneladas de dióxido de carbono en comparación con los mismos desplazamientos realizados en vehículo privado. En ese sentido, "reducir las alternativas va en sentido contrario a los objetivos de ciudad que la propia administración defiende", señala Ortiz.

Sin embargo, el elevado número de denuncias sigue pesando más para el consistorio. En concreto, este verano se batieron récords tanto de multas como de retiradas de vehículos al depósito municipal por estacionamiento indebido. Y desde 2025 se han impuesto un total de 7.195 sanciones y 2.683 vehículos han acabado retirados, una cifra elevada pero que las operadoras sostienen que únicamente se trata del 0,17% de los viajes totales.

Para evitar en la medida de lo posible estos incidentes, las operadoras, consicentes de la preocupación, activaron una patrulla conjunta de aparcamiento desde el pasado noviembre para prevenir y corregir las incidencias. El proyecto fue una iniciativa pionera en Europa que contó además con herramientas complementarias de geolocalización, medidas de concienciación, y restricciones de la circulación de bicis en zonas no permitidas.

Una de las soluciones que propone el conjunto de compañías es reducir el número de operadores pero con asignaciones de bicicletas más altas por cada uno, hasta las 2.000, y los operadores con un número bajo de servicios que causan más problemas por tener las bicicletas aparcadas más tiempo en la calle podrían desaparecer.

De esta forma, se crearía "la escala necesaria para justificar inversiones de capital en flotas nuevas y tecnologías avanzadas", asegura Lime, otra de las compañías. Por otro lado Voi, expresó en una carta abierta a Collboni que sigue manteniendo su interés en invertir en Barcelona e invita a considerar el modelo ya adoptado por otras ciudades europeas como París, Estocolmo y Milán, con dos o tres operadores comprometidos y "altamente profesionalizados". "Elevar el nivel de exigencia para los operadores garantiza un servicio de excelencia sin concesiones para los ciudadanos", manifestó.

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Los grupos municipales de Junts, BComú, ERC, PP y Vox votaron en la Comisión de Movilidad el 14 de julio contra la medida de Collboni, aunque la votación no es vinculante y el gobierno municipal tiene intención de mantenerla.

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