El Gobierno se ha pegado un tiro en el pie con la desclasificación de los documentos relativos al asalto de la frontera de Ceuta a finales del pasado mes de julio. Se ha vuelto a demostrar que esta crisis ha supuesto la constatación de que Pedro Sánchez y su equipo se han visto desbordados desde el principio, han intentado manipular de forma grosera a la opinión pública y han realizado una gestión nefasta, que ha terminado por eternizar una situación que tiene a la población ceutí presa del miedo y del desconcierto. Los documentos revelan que, en contra del relato que el Ejecutivo todavía intenta mantener de forma patética, los agentes del Centro Nacional de Inteligencia desplegados en la zona y los de los servicios de información de las fuerzas de seguridad detectaron lo que estaba pasando, monitorizaron los llamamientos a la invasión que se producían en las redes sociales y lanzaron los avisos que correspondían, incluido el que se lanzó al espionaje marroquí. Cierto es que, como es lógico, no se calibró el volumen de personas que iban a entrar ni se utilizaron los protocolos documentales que, al parecer, canalizan la información de carácter oficial. Pero igual de cierto es que el Gobierno tuvo información suficiente y que reaccionó a ella con absoluta pasividad, como también lo es que en los días previos existía un estado de opinión en la ciudad, reflejado en los medios locales de comunicación, que permitían vislumbrar la gravedad de la situación. Los datos que están ya encima de la mesa permiten concluir que hubo una dejación absoluta por parte del presidente del Gobierno y de su ministro del Interior y que el principal objetivo del Ejecutivo en esta crisis ha sido preservar la relación con Marruecos, a pesar de la avalancha de circunstancias que avalan la participación, activa o pasiva, de Rabat en los hechos. Ceuta marca la deriva de un Gobierno incapaz de capear la crisis y con una línea de actuación que, desgraciadamente para los ceutíes y para el conjunto del país, va de mal en peor.