El Gobierno no cuenta, ahora mismo, con los votos necesarios para convalidar los dos reales decreto ley de vivienda que se votarán el viernes en el Congreso. El primero de ellos, con el grueso de las medidas, parece contener propuestas de todos los socios del Ejecutivo, y por tanto estar más cerca de un posible entendimiento. Sin embargo, el segundo texto, donde se ha incluido únicamente la prórroga indefinida de los alquileres, parece generar pocos consensos fuera de los partidos de izquierdas. Ante esta situación, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha llamado a la ciudadanía a seguir movilizándose estos días para elevar la presión de cara a ese pleno extraordinario que se celebrará a finales de semana.

"Es absolutamente esencial que la ciudadanía haga valer sus derechos, su movilización, su voz, su fuerza para que en el Congreso de los diputados, cuando estos dos decretos se someten a convalidación, el interés general de las mayorías trabajadoras se abra paso", ha dicho Bustinduy, arropado por los otros cuatro ministros de Sumar desde el Ministerio de Trabajo, en una rueda de prensa alternativa a la habitual comparecencia que se ha celebrado en el palacio de La Moncloa y donde solo han comparecido ministros del PSOE.

Tras la negociación, que se ha alargado durante toda la noche y buena parte de la mañana, y a la vista de los resultados, Bustinduy ha sostenido que el "balance" que hace es que las medidas aprobadas suponen "un paso decisivo para poder transformar un modelo económico que se ha convertido en el principal lastre de la sociedad". Así, ha reivindicado que se trata de medidas "efectivas para proteger, reforzar y dar tranquilidad a millones de familias".

En concreto, el ministro de Derechos Sociales ha sacado pecho de la prórroga de todos los contratos de alquiler hasta 2029, de la protección reforzada contra los desahucios hasta 2030 o de la prohibición a los fondos buitres de comprar viviendas hasta 2028. Ha admitido que tanto esos límites temporales como ciertas bonificaciones fiscales a los propietarios de viviendas no las "compartían", pero que han negociado hasta el final para tratar de cambiarlo y ha sido imposible.

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El principal choque con el PSOE ha sido la inclusión de la prórroga automática de los contratos del alquiler, llamado también como alquiler indefinido, que el socio mayoritario se ha negado a incluir en el decreto principal. Esta norma es la que más peligra, ya que Junts se ha mostrado contrario en varias ocasiones a una medida de este calado. Bustinduy, mencionando solo a PP y Vox, ha querido mandar un mensaje a los partidos de derechas: "No va a haber bandera ni consigna ni exabrupto que sirva para tapar el hecho de que a día de hoy están defendiendo a quienes desahucian".

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