Hasta 81.500 contratos de alquiler en Galicia podrían beneficiarse de la prórroga extraordinaria de dos años que contempla el denominado ‘decreto Maricarmen’. La cifra es una estimación realizada a partir de los datos del Observatorio Galego da Vivenda, que recoge las fianzas depositadas en el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), y permite aproximar el número de arrendamientos que podrían quedar bajo el paraguas de esta medida si, finalmente, el Congreso convalida el texto el próximo viernes.

El cálculo toma como referencia los contratos de alquiler que fueron sellados entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. Se trata de arrendamientos que, de acuerdo con el régimen establecido por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), tienen una duración de cinco años cuando el arrendador es una persona física y que, por tanto, está previsto que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.

Decenas de personas se movilizan en Santiago para protestar por el derecho a la vivienda / Sergio Moino

Sin embargo, no se trata de un recuento exacto, ya que en esa cifra están incluidos contratos que fueron sellados en esas fechas pero cuyos inquilinos ya los han rescindido con anterioridad. Además de un número menor de contratos en los que el arrendador es una persona jurídica, cuya duración es de siete años, y por tanto no finalizarían en el periodo establecido por el Gobierno.

La prórroga tendrá carácter «extraordinario y obligatorio» para el propietario en los términos establecidos por el decreto. Es decir, si el arrendatario así lo solicita podrá evitar la finalización del contrato y tener que afrontar la renegociación de los téminos del mismo en un contexto de alza de precios en el mercado del alquiler que, a tenor de los datos de Vivenda, se ha encarecido en los últimos cinco años casi un 25% en la comunidad.

La aplicación de la medida queda ahora pendiente de su convalidación parlamentaria en un pleno extraordinario el próximo viernes.

Dada la difícil aritmética parlamentaria, el Gobierno decidió dividir en dos textos las medidas negociadas tras las movilizaciones por la vivienda. Esta prórroga entra en el primer paquete, además de una prohibición parcial de la compra de inmuebles por parte de fondos buitre y de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica.

El segundo, más ambicioso, incorpora entre otras cuestiones un mecanismo de renovación automática de los contratos de alquiler.

Pese a que todo apunta a que el primer paquete de medidas es el que parte con más posibilidades de superar la votación, no sería la primera vez que el Gobierno aprueba vía real decreto una prórroga extraordinaria de los alquileres que finalmente cae en su tramitación parlamentaria.

Ocurrió el pasado mes de marzo, en un contexto de incremento de precios de la energía por la guerra de Irán, Sumar logró presionó al Gobierno para incorporar al paquete de medidas para hacer frente al alza del coste de la vida una ampliación obligatoria de la vigen cia de los contratos del alquiler.

No consiguió que la medida se incorporase en un paquete conjunto, pero se introdujo en solitario en el Real Decreto-ley 8/2026. Al igual que en esta ocasión, el texto permitía solicitar una extensión del contrato de hasta dos años si el contrato finalizaba antes del 31 de diciembre de 2027.

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La norma, sin embargo, no superó su paso por el Congreso. El Pleno la derogó el 28 de abril con 166 votos a favor de su derogación, 177 en contra y cinco abstenciones. La mayoría formada por PP, Vox y Junts se opuso al texto, mientras que el PNV se abstuvo.

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