Almería ha experimentado un fuerte avance en la incorporación al mercado laboral de lo extranjeros con autorización de residencia por arraigo. A 30 de junio de 2026, 12.924 personas contaban en la provincia con una autorización de residencia por arraigo en vigor, según la última estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones.

El dato sitúa a Almería como una de las provincias españolas donde esta vía de regularización presenta una mayor conexión con el empleo. En concreto, el 75% de las personas de 16 años o más con autorización de residencia por arraigo estaban afiliadas a la Seguridad Social, lo que coloca a la provincia en el cuarto puesto del conjunto de España.

La cifra adquiere todavía mayor relevancia al observar su evolución. En apenas un año, el porcentaje de afiliación en Almería ha aumentado entre 18 y 21 puntos porcentuales, uno de los mayores incrementos registrados en España. El crecimiento es especialmente significativo porque, según el OPI, la afiliación ha aumentado en todas las provincias respecto a junio de 2025. Solo Huelva, con un 81%, y Soria, con un 76%, presentan porcentajes superiores a Almería, mientras que la provincia almeriense alcanza el 75%. En el extremo contrario se encuentran Ceuta y Melilla, ambas con un 36%.

Desde el despacho García Cazorla, especializado en extranjería con actividad en Almería, apuntan en declaraciones a Diario de Almería que estos datos reflejan una realidad que conocen de primera mano. "Uno de los permisos de residencia que más solicitamos son los arraigos, principalmente los arraigos sociolaborales, que son los que requieren la aportación de un contrato de trabajo", explica la abogada Clara García.

La letrada subraya que el proceso de regularización está precedido, en muchos casos, por un periodo prolongado de permanencia en situación irregular. "Uno de los requisitos principales en este tipo de permisos es acreditar la estancia continuada en España durante dos años, encontrándose este tiempo en situación irregular", señala. Ese periodo puede situar a estas personas en una posición especialmente vulnerable. "Por ello se ven abocados a vivir en una situación bastante precaria y en algunos casos de exclusión social, ya que no pueden desarrollar durante esos dos años ninguna actividad lícita ni darse de alta en la Seguridad Social", apunta.

En esa misma línea, la abogada Julia Lirola incide en la implicación de los empresarios como uno de los aspectos clave, especialmente en un territorio donde buena parte de las contrataciones vinculadas a los arraigos se producen en el sector agrícola. "Como la mayoría de los contratos son del sector agrícola, también los empresarios están bastante concienciados", explica.

Lirola señala además que el propio marco normativo establece mecanismos para comprobar que las ofertas de empleo que sustentan estos procedimientos son reales y que las empresas cuentan con capacidad para asumir las contrataciones. "Ahora el Reglamento de Extranjería también exige acreditar que los empleadores tienen solvencia y que las contrataciones sean efectivamente posibles, para evitar el fraude", desgrana. En su experiencia, estos controles no han impedido la colaboración empresarial: "La mayoría son colaborativos", apostilla.

El avance de Almería se enmarca en un crecimiento generalizado de esta figura administrativa. El OPI contabiliza 542.953 personas extranjeras con una autorización de residencia por arraigo vigente en España a 30 de junio de 2026, un 54,7% más que un año antes. De ellas, 346.374 estaban afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone el 65% de las personas de 16 años o más pertenecientes a este colectivo. Se trata, además, del porcentaje de afiliación más elevado registrado desde septiembre de 2023.

La estadística refleja también el impacto del nuevo Reglamento de Extranjería, que introdujo nuevas modalidades de arraigo. El arraigo familiar continúa siendo el mayoritario, con 244.293 personas, el 45% del total, mientras que el nuevo arraigo sociolaboral alcanza ya las 181.001 personas, el 33%.

Los datos dibujan así una evolución especialmente intensa en Almería. La provincia no solo cuenta con 12.924 autorizaciones de residencia por arraigo en vigor, sino que también registra uno de los mayores saltos del país en la incorporación de este colectivo al mercado laboral.

El OPI señala expresamente a Cádiz, Almería, Málaga y Segovia como las provincias donde se producen las mayores subidas interanuales del porcentaje de afiliación, con incrementos de entre 18 y 21 puntos. En el conjunto de España, el Observatorio considera que la evolución de las afiliaciones pone de manifiesto el peso que está adquiriendo el arraigo como vía de acceso a una situación administrativa regular y, paralelamente, al mercado de trabajo.