La demanda civil presentada por la víctima ha llevado a la Fiscalía a reabrir la investigación
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La Fiscalía de Nueva York ha reabierto la investigación por una presunta violación grupal a una estudiante de la prestigiosa Universidad de Cornell. La presunta víctima asegura haber sido drogada y violada por siete miembros de la fraternidad masculina Chi Phi en 2024. La mujer presentó una demanda civil el pasado 18 de septiembre al tiempo que crece la indignación social en Estados Unidos.
En su denuncia de 101 páginas, la estudiante relata detalladamente todo lo que ocurrió el 19 de octubre de 2024. La mujer, que entonces tenía 20 años, había bebido alcohol y fue a visitar a un amigo a la casa de la fraternidad. Allí, dos miembro de Chi Phi la habrían presionada para inhalar ketamina. La estudiante habría quedado completamente incapacitada antes de ser agredida sexualmente.
La demanda adjunta una captura de pantalla de un mensaje del chat grupal de la fraternidad en Snapchat en que un integrante indica al resto que la mujer se encontraba en la parte alta para mantener relaciones sexuales. A partir de entonces, varios hombres, conocidos ya como "los siete de Cornell", acudieron al lugar y la violaron durante horas.
La Fiscalía no abrió diligencias en 2024La víctima, que permanece en el anonimato bajo el nombre génerico de Jane Doe, denunció los hechos ante la policía universitaria tres semanas después de los hechos. La Universidad de Cornell expulsó a los estudiantes implicados y cerró la fraternidad, que permanece vetada del campus. Tras este suceso, la joven abandonó la universidad.
El fiscal del distrito de Tompkins —en el condado de Ithaca—, Matthew Van Houten, ha explicado en un comunicado que su oficina decidió no procesar el caso en 2024 porque el testimonio de la víctima no establecía la falta de consentimiento: "Su declaración describía su participación en el consumo de drogas y la conducta sexual como voluntaria, consciente y consensuada".
Ahora, a raíz de la demanda civil, la Fiscalía presentará pruebas ante un Gran Jurado, una mujer con amplia experiencia en el enjuiciamiento de delitos sexuales, mientras estudia presentar cargos penales contra los siete acusados. "Reconozco que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar años de terapia y sanación para procesar y comprender plenamente lo sucedido. Buscar justicia a veces requiere que reconsideremos o reabramos casos cuando se nos proporciona evidencia adicional", añade.
Cornell defiende que investigó los hechos e impuso sancionesLa estudiante solicita una indemnización económica tanto a los siete hombre implicados como a la Universidad de Cornell "por permitir, facilitar, fomentar, ayudar y ser cómplices de que se produjeran estos abusos", afirma en su demanda la mujer, que alega asimismo haber sufrido "graves trastornos emocionales y psicológicos".
Por su parte, el vicepresidente de Relaciones Universitarias de Cornell, Kyle Kimball, confirma en un comunicado que la Universidad apoya la decisión del fiscal de Tompkins, pero rechaza la afirmación formulada en la demanda civil de que se ofreció a los sospechosos la oportunidad de escribir ensayos para resarcir su conducta.
Cornell defiende que realizó su propia investigación, en un panel de profesores y personal capacitado dio tanto a la denunciante como a los acusados la opción de testificar y aportar pruebas. Al concluir la audiencia, el panel impulso varias sanciones que incluyeron expulsiones y suspensiones de Cornell: "Cualquier insinuación de que la universidad no impuso sanciones consecuentes a los implicados es falsa."
La violencia sexual contra universitarias, a debateLa cadena de televisión CBS ha revelado una serie de mensajes de texto enviados la noche de la supuesta agresión sexual en Chi Phi. A las 1:42 horas, se envió el mensaje al chat grupal de Snpachat en que se sugería que había una mujer dispuesta a tener relaciones sexuales. "¿La tienda sigue abierta?", escribió más tarde un miembro de la fraternidad, a lo que otros dos miembros respondieron que "sí".
La Asociación de Universidades de Estados Unidos realizó en 2019 una encuesta en que una de cada cuatro mujeres estudiantes aseguró haber sufrido algún tipo de abuso sexual no consentido. El caso ha despertado una gran conmoción en Estados Unidos e incluso ha sido condenado por figuras como la actriz británica Florence Pugh o la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.
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