La Generalitat prevé destinar un total de 2.318 millones de euros en los próximos cuatro años para financiar los servicios sociales de los municipios y consejos comarcales catalanes, cifra que representa un 66% más que en el anterior cuatrienio. El president Salvador Illa y el conseller de Drets Social i Inclusió, Raúl Moreno, han suscrito hoy en el Palau de la Generalitat el acuerdo marco del contrato programa 2027-2030 con los presidentes de la Associació y la Federació catalanas de municipios, Meritxell Budó y David Bote, respectivamente El documento establece también la creación de mil nuevos puestos de trabajo en este ámbito hasta el 2030.

La mayoría de los futuros profesionales, en concreto 472, se destinarán a los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EBAS), a los que se sumarán 276 para reforzar el dispositivo básico de atención social, además de más de un centenar para agilizar los trámites de la dependencia o los 93 educadores de calle para ayudar a las personas que duermen al raso. Ante el desafío de dar un paso más en la lucha para frenar el creciente sinhogarismo, se ha anunciado la creación de 1.100 plazas de urgencia, tanto de alojamiento temporal como pisos de inclusión o en equipamientos de acogida diurna para los hombres y mujeres sin techo. En total, la Generalitat se compromete a abonar 133 millones de euros, el doble que hasta el momento, para dar respuesta a esta problemática.

Dicho contrato programa “incrementa el apoyo a los territorios rurales y con más dispersión geográfica, donde prestar estos servicios es más complejo; la mayoría de consejos comarcales pasarán a recibir el 75% de la financiación y hasta 14 alcanzarán el 80%”, afirma el Govern en un comunicado.

Una de las mejoras pactadas con el mundo local es la agilización de los pagos a los ayuntamientos y consejos comarcales mediante transferencias directas en lugar de subvenciones, lo que supondrá “menos burocracia y una manera de relacionarnos mas rápida, eficiente y moderna”, destaca el conseller Moreno.

Una de las prioridades del departamento de Drets Socials es avanzar en la transformación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia impulsada por la DGPPIA (Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència) imprimiendo un nuevo impulso a los servicios de prevención con el objetivo de atender a más de 40.000 menores, casi el doble que hasta ahora, por parte del SIS (Servei d’Intervenció Educativa).

La DGPPIA, antes DGAIA, busca reforzar las políticas de prevención de situaciones de riesgo y reducir al máximo el número de menores institucionalizados.

Otro de los ejes de actuación hace referencia al modelo de cuidados para mejorar la atención integrada social y sanitaria y el servicio de atención domiciliaria (SAD). Hoy se ha confirmado que se incrementará el precio por hora que se paga al personal pasando de los actuales 24 euros a los 27, en el 2027, y los 30, en el 2030, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Salvador Illa ha celebrado el acuerdo con las administraciones locales, “en un momento de ruido y confrontación en el mundo”, a la vez que ha reiterado que “Catalunya no se puede gobernar de espaldas a los ayuntamientos”.

Periodista.