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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAHace un año, Vox inició una campaña contra la periodista Cristina Fallarás en la que ponía en la diana a la escritora feminista con el objetivo de denunciarle ante la Fiscalía por un delito de odio. "¿Quieres saber qué hacer para que no se repita su odio contra ti? Deja tus datos y te explicamos por correo electrónico", invitaba (e invita) el partido de extrema derecha a través de una página web creada específicamente para atacar a la comunicadora y que la relaciona con la 'yihad'.Esto ocurría en septiembre de 2025, después de que la periodista señalase a la formación por su discurso racista en el diario Público. Ahí se inició una campaña por parte de los de Abascal en la que pedían "decir basta. A Vox y sus principios se les respeta" y que todavía sigue activa.Ahora, un año más tarde, es Reporteros Sin Fronteras (RSF) quien pide explicaciones al Gobierno después de que la periodista presentase el pasado 29 de septiembre de 2025 una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza contra el partido político Vox, su secretaria nacional jurídica, Marta Castro, y varias personas no identificadas, a quienes acusa de delitos de odio, amenazas, acoso, revelación de secretos, injurias y calumnias. Fallarás también puso los hechos en conocimiento de la Policía, solicitó formalmente protección ante la Delegación del Gobierno y pidió a la Fiscalía las medidas necesarias para que la autoridad judicial valorase la desactivación de la página web que, un año después, sigue activa.Desde Reporteros Sin Fronteras España consideran especialmente preocupante la situación de indefensión institucional a la que está siendo sometida la periodista. En una carta remitida a infoLibre, Reporteros Sin Fronteras expresa al Gobierno "nuestra profunda preocupación por la situación de indefensión en la que continúa encontrándose la periodista ante la persistencia de una campaña de señalamiento, hostigamiento y violencia digital contra ella". En la misiva, la directora de RSF, Arantxa Freire Rodríguez-Sabio, recuerda al Gobierno que Fallarás ya ha sido objeto de anteriores campañas de señalamiento y hostigamiento, incluidos "ataques que han trascendido el ámbito estrictamente digital" y que han afectado también a su entorno familiar, incluidos menores de edad. "La dimensión institucional del caso resulta asimismo especialmente relevante", recuerdan desde la organización, al proceder de un partido político con representación parlamentaria. Además, Freire recuerda al Responsable de comunicación contra el discurso de odio y la desinformación, a quien dirige la carta, que en marzo de 2026, "el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por 178 votos frente a 170 una iniciativa que menciona expresamente a Cristina Fallarás y reconoce la dimensión machista de las campañas de “acoso, hostigamiento y violencia digital” dirigidas contra mujeres periodistas y comunicadoras". Desde Reporteros Sin Fronteras España consideran que cuando una periodista que ya ha sufrido ataques y amenazas, también dirigidos contra su entorno familiar, solicita protección y la intervención de las autoridades competentes, "la ausencia de una respuesta efectiva durante un periodo tan prolongado resulta particularmente llamativa y desoladora". Freire recuerda que Fallarás puso su situación en conocimiento de las instituciones responsables de la protección frente a los delitos de odio y de la protección de periodistas y considera en este contexto, "necesario que se dé una respuesta efectiva a las actuaciones que permanecen pendientes". Vox dirigía, en la petición contra Fallarás, a sus simpatizantes a lo largo de una serie de pasos hacia la formalización de una denuncia ante la Fiscalía. "Atacar a Vox no es gratis y entre todos lo vamos a demostrar", decían. Inmediatamente después, el partido incluye un enlace a la web de la Oficina de atención al ciudadano del Ministerio Fiscal y comparte un formulario para que cada simpatizante cumplimente con sus datos. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condenaron la campaña de odio desplegada por la ultraderecha contra la comunicadora hace ya un año.