En un Estado Constitucional, el único derecho fundamental que se reconoce solo a los nacionales es el derecho de sufragio, el derecho a participar en la conformación de la voluntad popular. Negar este derecho a personas con nacionalidad española supone atacar frontalmente la democracia
Nunca como en estos momentos la democracia se ha visto tan atacada. Lo está en Estados Unidos, por el intento de Donald Trump de limitar el derecho de sufragio para las elecciones de mitad de mandato a celebrar el próximo 3 de noviembre. Y lo está en España, donde la suspensión cautelar de la Sala II del Tribunal Supremo del derecho de voto de aquellas personas que han adquirido la nacionalidad en virtud de la Disposición 8ª de la Ley de Memoria Democrática, la llamada Ley de Nietos, está poniendo en cuestión la piedra angular de todo sistema democrático, el derecho de voto.
Recordemos cómo en un Estado Constitucional, el único derecho fundamental que se reconoce solo a los nacionales es el derecho de sufragio, el derecho a participar en la conformación de la voluntad popular. Negar este derecho a personas con nacionalidad española supone atacar frontalmente la democracia, lo que puede acabar alterando la conformación de la voluntad popular. Curioso que, como también hace Trump, el Supremo español se justifica en eso mismo, en el peligro que puede suponer la alteración de los resultados si no se interviene. Y con ese argumento el que puede acabar haciéndolo es el mismo Tribunal.
Nunca como en estos momentos la democracia se ha visto tan atacada. Lo está en Estados Unidos, por el intento de Donald Trump de limitar el derecho de sufragio para las elecciones de mitad de mandato a celebrar el próximo 3 de noviembre. Y lo está en España, donde la suspensión cautelar de la Sala II del Tribunal Supremo del derecho de voto de aquellas personas que han adquirido la nacionalidad en virtud de la Disposición 8ª de la Ley de Memoria Democrática, la llamada Ley de Nietos, está poniendo en cuestión la piedra angular de todo sistema democrático, el derecho de voto.
Recordemos cómo en un Estado Constitucional, el único derecho fundamental que se reconoce solo a los nacionales es el derecho de sufragio, el derecho a participar en la conformación de la voluntad popular. Negar este derecho a personas con nacionalidad española supone atacar frontalmente la democracia, lo que puede acabar alterando la conformación de la voluntad popular. Curioso que, como también hace Trump, el Supremo español se justifica en eso mismo, en el peligro que puede suponer la alteración de los resultados si no se interviene. Y con ese argumento el que puede acabar haciéndolo es el mismo Tribunal.
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