por Astrid Barrio
Profesora de Ciencia Política de la Universitat de València. Secretaria del Comité Editorial de EL PERIÓDICO

Hubo un tiempo en que el catalanismo político no se definía por la ruptura, sino por la voluntad de transformación. No aspiraba a separarse de España, sino a cambiarla y, en sus planteamientos más ambiciosos, a ejercer un papel dirigente en su modernización. La vocación española no era una anomalía dentro del catalanismo, sino una de sus dimensiones fundamentales. Partía de la convicción de que una Cataluña industrial, dinámica y europeizada podía contribuir a modernizar un Estado que consideraba atrasado y excesivamente centralizado.

Esta concepción procedía, en parte, de una historia política compartida, aunque durante siglos Cataluña y otros territorios de la Corona de Aragón mantuvieran instituciones, leyes y estructuras políticas propias. Desde la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón, los territorios catalanes participaron desde su propia tradición institucional en la construcción histórica de la monarquía hispánica. No existían entonces ni la España contemporánea ni el nacionalismo catalán en sentido moderno, pero sí una trayectoria política común que ayuda a entender por qué el catalanismo del siglo XIX pudo plantearse la cuestión española como un problema propio.

El catalanismo político histórico partía de la convicción de que una Cataluña industrial, dinámica y europeizada podía contribuir a modernizar el Estado

Desde la teoría y la acción política, Valentí Almirall, Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó expresaron esa idea desde posiciones distintas. Almirall vinculó la afirmación política de Cataluña con una reforma federal de España. Prat de la Riba convirtió el catalanismo en un proyecto nacional y defendió una reconstrucción del Estado que reconociera la personalidad política de sus distintos territorios. Cambó llevó esa vocación a la política estatal y asumió responsabilidades de gobierno. No tenían el mismo proyecto, pero compartían una premisa fundamental. Cataluña podía afirmarse como nación y, al mismo tiempo, tener un proyecto para España. 

Posteriormente, el catalanismo republicano adquirió una dimensión más nacional y conflictiva, mientras que la supresión de la Generalitat y la represión franquista reforzaron la percepción del Estado como límite para el autogobierno. La Transición permitió recuperar la relación institucional con España, y Josep Tarradellas desempeñó un papel decisivo en la restauración de la Generalitat en 1977 y su integración en el nuevo marco democrático, de modo que la recuperación del autogobierno catalán pudo entenderse como parte de la construcción democrática española.

Con Jordi Pujol se consolidó una relación diferente con España. Recuperada la Generalitat, la prioridad pasó a ser construir una Cataluña políticamente fuerte mediante el ejercicio del autogobierno. La política española siguió siendo fundamental, pero adquirió sobre todo una función de influencia y negociación. Convergència Democràtica de Catalunya y, posteriormente, Convergència i Unió utilizaron su representación en las Cortes para condicionar gobiernos y alcanzar acuerdos sobre competencias, financiación e inversiones. No se abandonó la vocación española, pero cambió la manera de ejercerla. Si para Cambó intervenir en España formaba parte de un proyecto de transformación del Estado, para Pujol esa intervención estuvo más vinculada a la capacidad de Cataluña para negociar con él y obtener contrapartidas. España seguía siendo fundamental, pero aparecía menos como un proyecto que debía ser reformado y más como un Estado con el que había que negociar.

Esa evolución convivió con otros intentos de mantener una relación más transformadora con España. Miquel Roca Junyent, desde la propia CDC, había participado en la elaboración de la Constitución de 1978 y trató después de construir, mediante el Partido Reformista Democrático, una alternativa liberal y reformista de ámbito estatal. Pasqual Maragall planteó otra vía, basada en reformar España desde una concepción federal que reconociera mejor su pluralidad territorial. El fracaso electoral del proyecto de Roca en 1986 y, más tarde, las dificultades de la reforma estatutaria impulsada por Maragall, culminadas por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, debilitaron considerablemente estas alternativas. Desde posiciones diferentes, Roca y Maragall representaron dos intentos de mantener abierta la posibilidad de que el catalanismo contribuyera a transformar España, bien mediante la intervención directa en la política estatal, bien mediante una reforma federal de su estructura territorial. Su falta de consolidación contribuyó a cerrar progresivamente esa vía y dejó más espacio a una relación con España centrada en la negociación con el Estado o, para una parte creciente del catalanismo, en la ruptura.

El procés supuso en buena medida la ruptura de una parte del catalanismo con aquella tradición. Muchos de sus principales dirigentes habían desarrollado su trayectoria dentro del autonomismo y del nacionalismo catalán, pero acabaron considerando que la transformación de España había dejado de ser una posibilidad política real y que la independencia constituía una alternativa preferible. Para esa parte del catalanismo, el horizonte dejó de ser la transformación del Estado y pasó a concentrarse en la construcción de un Estado propio. La cuestión dejó de ser cómo transformar España desde Cataluña y pasó a ser cómo dejar de depender de ella mediante la creación de un Estado catalán. Con ello se debilitó también la dimensión española del catalanismo y quedó parcialmente vacío el espacio desde el que Cataluña podía formular un proyecto para el conjunto de España.

Es en ese espacio donde debe situarse la aparición de Ciudadanos. Su origen estuvo en la oposición al nacionalismo catalán y su proyecto político se construyó como reacción a la hegemonía que el catalanismo había alcanzado en las instituciones catalanas. No puede considerarse heredero del catalanismo histórico ni continuación de Almirall, Prat de la Riba o Cambó, pero sí resulta significativo que uno de los últimos proyectos políticos surgidos en Cataluña con una aspiración reformista para el conjunto de España procediera precisamente de la crítica al catalanismo. Desde una posición ideológica muy distinta, Ciudadanos recuperó una dimensión que había caracterizado a una parte de aquella tradición. Desde Cataluña intentó construir un proyecto de ámbito español, formular una determinada idea de España y promover una transformación del Estado, aunque sobre bases sustancialmente diferentes. Mientras el catalanismo histórico pretendía reformar España para hacer compatible su modernización con el reconocimiento de Cataluña, Ciudadanos partía de la crítica al nacionalismo catalán y defendía una concepción basada en la igualdad de los ciudadanos y en la revisión de determinadas formas de descentralización. La voluntad de intervenir desde Cataluña en la política española cambió así de orientación y de contenido, pero no desapareció. La vocación española podía expresarse ya desde posiciones ajenas e incluso contrarias al catalanismo.

El final de Ciudadanos y el fracaso del procés han dejado un escenario distinto. El primero mostró los límites de una opción nacida en Cataluña que aspiraba a convertirse en una fuerza española de referencia. El segundo puso de manifiesto los límites de la ruptura como respuesta a la frustración de las expectativas autonomistas. Entre ambos episodios ha quedado más debilitado el espacio político desde el que Cataluña podía formular una propuesta propia para el conjunto de España. Tras el fracaso de la vía rupturista tampoco ha reaparecido con claridad una alternativa que vuelva a plantear la transformación del Estado como objetivo político. La relación con España ha tendido así a quedar reducida a una negociación cada vez más concreta de competencias, recursos y condiciones particulares, hasta aproximarse a una lógica de puro mercadeo político.

Si las principales demandas son negociables y ya no existe una propuesta convincente sobre cómo transformar España, la ruptura puede acabar apareciendo como la única forma de dejar de negociar

El debate sobre la financiación autonómica permite observar hasta qué punto se ha reducido aquella ambición. Cataluña puede reclamar legítimamente una financiación más justa, mayor capacidad fiscal o más competencias y señalar problemas de equidad o eficiencia, pero estas demandas pierden alcance político cuando ocupan el lugar que antes correspondía a una discusión más amplia sobre la organización del Estado. Cuando el catalanismo aspiraba a regenerar España, la financiación formaba parte de un debate sobre sus instituciones, la distribución territorial del poder y el encaje de Cataluña. Cuando la relación con España se reduce fundamentalmente a cuánto aporta Cataluña, cuánto recibe y qué condiciones financieras considera aceptables, la cuestión deja de ser qué España se quiere construir y pasa a ser qué posición puede obtener Cataluña dentro del Estado. Si las principales demandas son negociables y ya no existe una propuesta convincente sobre cómo transformar España, la ruptura puede acabar apareciendo como la única forma de dejar de negociar. El problema no está en reclamar una mejor financiación o más competencias, sino en que estas reivindicaciones, por legítimas que sean, terminen sustituyendo una ambición política más amplia.

Recuperar la vocación española del catalanismo no debería significa abandonar las reivindicaciones concretas, sino situarlas dentro de un proyecto político más amplio. Aunque hay que tener en cuenta que el ejercicio prolongado del autogobierno ha modificado las condiciones desde las que esa vocación puede formularse. Mientras el catalanismo permaneció en una posición periférica, podía criticar las deficiencias del Estado sin tener que responder por las propias, pero el ejercicio del poder ha mostrado que Cataluña tampoco está al margen de algunos de los problemas que durante décadas atribuyó a España. El escándalo que afectó al propio Pujol y debilitó el espacio político de CDC, las inercias de la Administración autonómica y unos resultados de las políticas públicas que tampoco permiten sostener de forma general una superioridad respecto del conjunto del Estado han hecho más difícil mantener aquella posición de superioridad crítica. No se trata de equiparar responsabilidades ni de negar los conflictos reales entre Cataluña y el resto del Estado, sino de asumir que el autogobierno también ha puesto de manifiesto limitaciones propias y que la reivindicación de una mayor capacidad de autogobierno debe ir acompañada de una mayor responsabilidad sobre aquello que depende de Cataluña.

La cuestión de fondo vuelve a ser qué quiere Cataluña de España, pero también qué España quiere Cataluña y qué está dispuesta a hacer para contribuir a construirla

Desde esa posición, recuperar la vocación española significa volver a situar en el centro del catalanismo una dimensión política que durante mucho tiempo formó parte de su identidad. El catalanismo no solo debe defender sus intereses ante España, sino que también debería tener una posición propia sobre España y sobre el papel que quiere desempeñar en su transformación. Ello implica vincular las reivindicaciones sobre financiación, capacidad fiscal o distribución de competencias con una discusión más amplia sobre la reforma del sistema territorial, la calidad institucional y la eficacia del Estado, sin reducir la relación con España a la negociación permanente de recursos y competencias. Y no se trata de reproducir viejos proyectos ni de renunciar a la afirmación nacional de Cataluña, sino de asumir que la defensa de los intereses propios puede integrarse en una ambición política más amplia. La cuestión de fondo vuelve a ser, por tanto, qué quiere Cataluña de España, pero también qué España quiere Cataluña y qué está dispuesta a hacer para contribuir a construirla. Plantear de nuevo esta pregunta no significa volver al pasado, sino asumir que el futuro del catalanismo depende también de su capacidad para superar la defensa exclusiva de los intereses propios y decidir qué proyecto común quiere para España. 

Un reportaje de El Periódico

Texto: Astrid Barrio
Diseño: David Jiménez
Coordinación: Rafa Julve

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