El anuncio que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha hecho esta semana ante la Asamblea General de la ONU, prometiendo, sin fecha, la futura celebración de elecciones en el país generó inmediatamente la reacción de la oposición reclamándole que transforme las palabras en hechos. Y también muchas dudas sobre la viabilidad del proceso. Porque, aunque algunas cosas han cambiado aparentemente en Venezuela desde la salida de Nicolás Maduro, no se puede hablar de una transformación real de la maquinaria de represión.

Esa es, precisamente, la conclusión de Amnistía Internacional. Así lo explica su responsable de campañas para las Américas, Clara del Campo, en una entrevista con Onda Cero. “Cambios puntuales y selectivos de algunas conductas no apuntan a que haya habido un cambio de sistema”. Y añade: «Las estructuras de poder, las personas que han perpetrado crímenes de lesa humanidad y las prácticas y violaciones de derechos humanos han tenido una continuidad muy evidente. Hay más personas detenidas que antes del 28 de julio de 2024”, fecha en la que se celebraron los últimos comicios, aquellos que según la comunidad internacional ganó Edmundo González.

A ello se suma, según Amnistía, un universo de miles de personas que continúan sometidas a procesos judiciales, medidas cautelares y restricciones de derechos. La organización reclama que todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos sean liberadas inmediatamente y sin condiciones, además la derogación de las leyes que, a su juicio, conforman la arquitectura represiva venezolana, entre ellas la Ley Anti-ONG y la Ley contra el Odio.

En agosto se abrió un proceso de diálogo entre el Gobierno y un sector de la oposición, impulsado por Estados Unidos, que tiene como horizonte declarado una transición y futuras elecciones, pero de esa negociación se ha excluido al propio Edmundo González y a María Corina Machado, además de a otros sectores críticos. Del Campo evita pronunciarse sobre esta negociación, pero sí fija cuáles son, para Amnistía, las condiciones que deberían cambiar. “Nos pronunciamos sobre la falta de libertad de expresión y la falta de libertad de asociación y pedimos que se deroguen todas las leyes y normativas que conforman la arquitectura represiva”.

Una arquitectura que, según la responsable de Amnistía, “imposibilita la labor de toda la sociedad civil”. “Lo que exigimos son hechos, hechos constatables, verificables y un cumplimiento cabal de las obligaciones internacionales de derechos humanos”, resume.

Otro gesto reciente del gobierno de Rodríguez ha sido el de desbloquear varios medios digitales, a los que mantenía bajo censura desde hace años. Para Amnistía, es un paso positivo, pero insuficiente mientras las decisiones sigan dependiendo de la discrecionalidad de las autoridades.

“Nada impide que, si quisieran revertir esa decisión, la puedan revertir de la misma manera que nada impidió que no impusieran esos controles ilegales en un primer lugar”, advierte Del Campo. La organización reclama que se levanten también las restricciones que todavía afectan a medios de investigación y periodistas.

La cuestión de la rendición de cuentas es uno de los puntos más delicados. Del Campo recuerda que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU identificó el 16 de septiembre a 19 personas señaladas previamente como posibles perpetradores de crímenes de lesa humanidad que continúan en sus cargos o han sido trasladadas a otros puestos. Y a ello se suma la retirada de Venezuela del Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional, que en 2021 abrió una investigación sobre la situación en el país y en 2023 autorizó su reanudación.

Para Amnistía, esa decisión es otra señal preocupante. “Vemos todo tipo de señales de querer evadir la justicia y ningún tipo de señal que nos indique que las autoridades quieren someter lo que ha pasado a un escrutinio y a un proceso de justicia genuino”, afirma Del Campo.

Cuando le preguntamos por el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, no entra a valorarlo, pero sí insta a España a que utilice su posición internacional para respaldar los mecanismos de investigación y justicia. En concreto, pide al Gobierno español que apoye la renovación de la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas, que respalde el proceso de jurisdicción universal iniciado en Argentina y que apoye la investigación de la Corte Penal Internacional.