Estas mejoras afectan al conjunto de las tarifas sociales vinculadas al ciclo integral del agua, aunque se encuentran en distintos momentos de su tramitación. Las correspondientes al servicio de alcantarillado ya han sido aprobadas por el Pleno municipal, mientras que las relativas al suministro de agua se encuentran actualmente en el trámite previo ante la administración autonómica y serán sometidas a aprobación una vez superado este procedimiento.

Entre las principales novedades se incorporan bonificaciones específicas para las personas con dependencia de grado II y III y para las familias monoparentales. A ello se suma una revisión de los requisitos y procedimientos de acceso a las distintas tarifas sociales, tomando como referencia los criterios del bono social eléctrico, para hacerlos más sencillos, comprensibles y homogéneos para la ciudadanía.

El análisis realizado por la Concejalía de Servicios Sociales, a partir de los datos facilitados por la concesionaria Hidralia y tomando como referencia el alcance del bono social eléctrico en la provincia de Cádiz, apunta a que esta simplificación podría permitir hasta triplicar el número de personas actualmente acogidas a alguna de estas bonificaciones.

Se contempla una protección adaptada a las distintas situaciones familiares con un alcance del 22,5% de reducción. Las tarifas sociales del agua cuentan ya con diferentes medidas dirigidas a reducir el coste de un servicio básico para las personas y familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Entre ellas destaca el Mínimo Vital de Agua, que garantiza sin coste tres metros cúbicos de agua al mes por persona para cubrir las necesidades básicas.

Las bonificaciones contemplan también a personas con discapacidad, desempleadas, pensionistas y jubiladas y víctimas de violencia de género, a las que ahora se suman las personas con dependencia de grado II y III y las familias monoparentales, ampliando así la cobertura a nuevas situaciones personales y familiares.

El sistema tiene además en cuenta el número de personas que conviven en una misma vivienda. De esta forma, los hogares con cinco o más miembros pueden ampliar el volumen considerado como consumo habitual, evitando que el mayor consumo derivado del número de convivientes pueda situarlos en los tramos establecidos para penalizar consumos excesivos.

En conjunto, estas bonificaciones permiten que las familias vulnerables puedan alcanzar un ahorro de hasta el 22,5% en su factura del agua.

La experiencia acumulada durante este periodo también ha llevado al Ayuntamiento a considerar oportuno ampliar las bonificaciones y avanzar hacia una mayor homogeneidad en los distintos servicios que forman parte del ciclo integral urbano del agua. De este modo, a las bonificaciones ya existentes en el suministro y el alcantarillado se incorporan también bonificaciones sociales en la depuración, extendiendo progresivamente esta protección al conjunto del ciclo integral del agua.

Esta experiencia en la aplicación de las tarifas sociales ha permitido igualmente analizar su alcance entre las entidades que desarrollan su labor en San Fernando y considerar oportuno ampliar los criterios para facilitar su acceso a estas bonificaciones.

Hasta ahora, uno de los requisitos establecidos era que la entidad tuviera su sede social en la ciudad. Sin embargo, existen organizaciones con una importante presencia en San Fernando, que cuentan con instalaciones y prestan servicios a la ciudadanía, aunque formalmente tengan establecida su sede social en otro municipio.

Por ello, el nuevo criterio permitirá que estas entidades puedan acogerse también a la tarifa social cuando acrediten, mediante un informe de actividad, que desarrollan su labor y tienen un impacto efectivo en San Fernando.

Junto a su dimensión social, el modelo de tarifas implantado en San Fernando persigue también fomentar un uso responsable del agua, mediante un sistema por tramos que protege los consumos habituales y desincentiva los consumos excesivos, castigando digámoslo así al derrochador.

Este objetivo se suma al importante esfuerzo realizado durante los últimos años por el Ayuntamiento de San Fernando para mejorar la eficiencia de la red de abastecimiento, mediante inversiones en la renovación y mejora de infraestructuras, la digitalización y un mayor control del funcionamiento de la red.

Este trabajo ha permitido que San Fernando alcance actualmente una eficiencia hídrica del 91%, un 12% por encima de la media nacional, lo que significa que prácticamente toda el agua que entra en la red llega finalmente a los hogares y usuarios, reduciendo las pérdidas durante su distribución.

A la eficiencia de las infraestructuras se suma el comportamiento del propio consumo. En San Fernando, el consumo doméstico medio se sitúa en 116 litros por habitante y día, por debajo de los aproximadamente 125 litros de la provincia de Cádiz y de una media nacional que supera los 130 litros diarios por persona.

Además, durante 2026 se prevé que el consumo de agua en la ciudad disminuya en más de 17.000 metros cúbicos respecto a los niveles anteriores al último periodo de sequía, manteniéndose parte del ahorro alcanzado incluso después de finalizar dicho periodo.

Estos resultados reflejan el efecto conjunto de la inversión y modernización de las infraestructuras, la eficiencia en la gestión de la red y una mayor concienciación ciudadana, en un contexto en el que garantizar el mejor aprovechamiento posible de un recurso esencial como el agua constituye uno de los principales retos de las ciudades.

Las nuevas tarifas del agua implantadas en San Fernando nacieron con un doble objetivo: reforzar la protección de las familias que más lo necesitan y fomentar un consumo más responsable de un recurso cada vez más valioso en un contexto de cambio climático con periodos de sequía cada vez más frecuentes y prolongados.