26/08/2026 a las 14:11h.

Los servicios internos del Ayuntamiento de Burgos han detectado un posible fraude en la gestión de la nómina de un trabajador municipal que ya ha sido remitido a la Fiscalía Provincial para que abra la correspondiente investigación y dirima posibles responsabilidades.

Según explican fuentes del Consistorio, los hechos, que ya han sido puestos en conocimiento de todos los grupos municipales, se centran en la nómina de un solo empleado y en una serie de pagos que podrían no contar con el correspondiente respaldo administrativo. El importe actualmente sometido a comprobación se sitúa en torno a 25.000 euros brutos, una cantidad provisional que deberá ser confirmada una vez concluya la revisión de toda la documentación, de los conceptos afectados y de las cantidades efectivamente abonadas.

El caso, subrayan desde el Ayuntamiento, fue descubierto por los propios servicios municipales en el marco de las comprobaciones internas. Una vez detectadas las posibles irregularidades, el Consistorio activó de forma inmediata los mecanismos internos de investigación y control para determinar el alcance de los hechos.

Asimismo, se han adoptado medidas cautelares y organizativas destinadas a evitar nuevas incidencias, preservar la documentación y garantizar la integridad de los sistemas municipales.

Entre estas medidas se encuentra la suspensión cautelar de todas sus funciones de la persona presuntamente relacionada con esta situación, mientras se desarrollan las actuaciones encaminadas a esclarecer lo sucedido.

La información disponible ha sido trasladada a la Intervención General Municipal y a la Asesoría Jurídica, al tiempo que se han iniciado las comprobaciones necesarias para determinar con exactitud las cantidades afectadas y, en su caso, adoptar las medidas oportunas para su recuperación.

Una vez recopilada la documentación correspondiente, la administración local ha decidido además ponerla a disposición de la Fiscalía Provincial de Burgos, para que este órgano tenga conocimiento de los hechos, valore la información disponible y determine las actuaciones que procedan, incluida, en su caso, la apertura de una investigación judicial.

Paralelamente, el Ayuntamiento llevará a cabo una auditoría específica para establecer el alcance exacto de las posibles irregularidades, revisar las operaciones relacionadas con este caso y analizar el funcionamiento de los procedimientos municipales de autorización, tramitación y control.

Con todo, desde el Ayuntamiento insisten en que las actuaciones se encuentran actualmente en una fase preliminar, por lo que no permiten anticipar conclusiones sobre lo ocurrido ni sobre la eventual existencia de responsabilidades. Cualquier determinación al respecto deberá derivarse de los procedimientos administrativos y, en su caso, judiciales que se desarrollen, con pleno respeto a los derechos de todas las personas afectadas y, especialmente, a la presunción de inocencia.