Como muchos españoles, estoy convencido de que el acceso a la vivienda es el principal problema al que se enfrenta nuestra sociedad. Pero, como casi ... ninguno de ellos (este país, al parecer, está lleno de sabios), no tengo ni siquiera una idea aproximada de cuáles son las mejores políticas públicas para resolverlo: sé que puede sonar raro, pero soy de los que todavía creen que no basta con identificar un problema, sobre todo si es complejo, para encontrar su solución. Sí estoy seguro de algo: sin normas claras no hay mercado (como el inmobiliario) que pueda funcionar, ni tampoco hay derechos (como el de disfrutar de un vivienda digna y adecuada) que puedan garantizarse. Sobre todo si se trata de un mercado en el que inciden normas de muy variada procedencia (estatales, autonómicas y locales) y sobre todo si se trata de un derecho que la Constitución se limita a proclamar, pero encarga a todos esos poderes públicos (cada uno en su esfera de competencia) la labor de precisar cómo podrá ejercerse. Por eso es una mala noticia que nuestras normas sobre vivienda sean oscuras o confusas, o, peor, pretendidamente claras pero contradictorias con otras que también pretenden serlo en un sentido distinto. Y es peor noticia aún que sean normas efímeras, de vigencia corta o incluso cortísima, pues a los problemas de su aplicación material (de derecho sustantivo), se añadirán los de su aplicabilidad en el tiempo (de derecho transitorio).